Opacidad tecnológica y privacidad en riesgo: El millonario negocio de la salud en Ecuador
El acceso a la salud pública en el Ecuador no es un favor gubernamental; es un derecho fundamental garantizado por el Artículo 32 de la Constitución de la República. Sin embargo, la reciente trama contractual articulada por el Gobierno de Daniel Noboa para la gestión del agendamiento de citas médicas y el manejo de historias clínicas en el Ministerio de Salud Pública (MSP) enciende las alarmas de un Estado constitucional de derechos. Bajo una sospechosa triangulación de Régimen Especial que involucra a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) y a la multinacional Dedalus, el país asiste a la entrega de sus datos más íntimos en medio de un absoluto apagón informativo.
La génesis jurídica de este proceso violenta de forma flagrante el Artículo 288 de la Carta Magna, el cual consagra que las compras públicas deben cumplir con principios de eficiencia, transparencia y trato justo. Al canalizar un contrato global que supera los 240 millones de dólares mediante un Régimen Especial de empresa pública a empresa pública para luego subcontratar a un tercero privado, el Ejecutivo desnaturaliza esta herramienta legal. Este mecanismo, lejos de buscar la optimización de los recursos del Estado, funciona como un pasadizo institucional para eludir los rigores de la licitación abierta, privando a la ciudadanía de una fiscalización real y repitiendo los vicios de antecedentes funestos como Progen con la ATM.
El aspecto más crítico e ilegal de este acuerdo radica en la naturaleza de la información que se pretende centralizar. Las historias clínicas de los ecuatorianos contienen diagnósticos, tratamientos e intimidades médicas que la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP) define taxativamente como datos sensibles. El tratamiento de esta información está bajo un estricto candado legal; su custodia exige los más altos estándares internacionales de seguridad y la obligatoriedad de implementar protocolos de encriptación o cifrado desde el diseño técnico, conforme lo determina el Artículo 19 de la LOPDP.
¿A quién le está entregando el Estado ecuatoriano esta custodia? Las alertas emitidas por la comunidad académica y los órganos de control societal revelan que la filial local de la contratista, Dedalus Global Services Ecuador S.A., entró en proceso de disolución y liquidación por la Superintendencia de Compañías desde febrero de 2026. Firmar compromisos multimillonarios a largo plazo con un consorcio cuya personería jurídica en el país está extinguiéndose constituye una negligencia administrativa colosal. El Estado carece de garantías reales de fiel cumplimiento y de buen uso de los anticipos. En caso de una brecha cibernética o abandono del proyecto, los ciudadanos quedaremos en la total indefensión, contraviniendo el Artículo 66, numeral 19 de la Constitución, que garantiza el derecho inalienable a la protección de datos personales.
La excusa esgrimida por CNT de mantener los términos del contrato bajo reserva por supuestos “giros de negocio” es inconstitucional. El Artículo 91 de la Constitución y la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP) prohíben ocultar información cuando están en juego fondos públicos destinados a un derecho social masivo. La salud de los ecuatorianos no puede ser declarada secreto de Estado para proteger un negocio corporativo.
Frente a este escenario de opacidad, es imperativa la intervención inmediata de la Contraloría General del Estado, la Fiscalía y, fundamentalmente, de la naciente Superintendencia de Protección de Datos Personales. El andamiaje constitucional faculta la activación de garantías jurisdiccionales como la Acción de Protección para frenar esta entrega tecnológica hasta que se transparente cada centavo y cada línea de código. El Ecuador no puede permitir que, bajo la promesa de modernizar un agendamiento de citas, se subaste la soberanía digital del país y el derecho a la privacidad de millones de ciudadanos.
Carlos Eduardo Bustamante Salvador