El largo plazo no exige unanimidad. Las sociedades libres discrepan sobre impuestos, regulación, gasto público, educación, seguridad y muchas otras materias. Esa discrepancia es legítima y necesaria. Lo que sí requieren es un espacio de coincidencia acerca de las reglas dentro de las cuales se procesarán sus diferencias. No es necesario compartir una misma visión ideológica para reconocer que la justicia debe ser independiente, que los contratos deben cumplirse, que la educación necesita continuidad, que la corrupción destruye la confianza y que el poder debe estar sometido a límites.
Los acuerdos fundamentales no eliminan el conflicto; lo civilizan. Permiten que la confrontación política no ponga en riesgo, cada vez, los cimientos de la sociedad. Allí donde esos acuerdos existen, una elección puede cambiar el gobierno sin alterar la confianza básica en el país. Allí donde no existen, cada elección se vive como una amenaza existencial y cada adversario es presentado como alguien a quien no basta derrotar, sino que es preciso excluir. En semejante ambiente, construir para el futuro se vuelve casi imposible, porque toda energía queda absorbida por la lucha inmediata por el poder.
El Ecuador conoce bien esa dificultad. Su historia republicana ha estado marcada por la búsqueda reiterada de un nuevo comienzo: nuevas constituciones, nuevas promesas, nuevos liderazgos y nuevos proyectos que aspiraron a corregir de una vez las frustraciones acumuladas. Sin embargo, la reiteración de los comienzos no produjo necesariamente continuidad. Con frecuencia, el país modificó las normas sin transformar los comportamientos y reemplazó instituciones antes de permitirles madurar.
No ha faltado inteligencia ni capacidad individual. Tampoco han faltado recursos naturales, iniciativas empresariales, expresiones culturales, profesionales preparados o ciudadanos dispuestos a trabajar. Lo que ha faltado, demasiadas veces, es la posibilidad de reunir esas capacidades alrededor de un horizonte compartido. El problema ecuatoriano no puede explicarse por una supuesta inferioridad colectiva ni por una condena geográfica. Es, fundamentalmente, un problema de articulación: cómo convertir talentos dispersos en una capacidad nacional sostenida.
Esta diferencia es esencial porque modifica la manera de mirar el país. Si el fracaso se atribuye a una deficiencia inmutable de los ecuatorianos, solo queda la resignación. Pero si se entiende como consecuencia de instituciones débiles, incentivos equivocados, discontinuidad y desconfianza, entonces aparece un campo concreto para la acción. Las culturas políticas no son eternas. Pueden aprender, corregirse y evolucionar, aunque ese proceso sea más lento de lo que promete la retórica electoral.
La transformación empieza cuando una sociedad deja de esperar que el futuro sea obra exclusiva de un gobernante. Los liderazgos importan: pueden orientar, convocar y acelerar los cambios. Pero ningún dirigente puede sustituir de manera permanente la responsabilidad de los ciudadanos, las empresas, las universidades, las comunidades y las instituciones. Cuando todo depende de una sola persona, incluso los avances más notables permanecen expuestos a desaparecer con ella. La verdadera prueba de una transformación consiste en comprobar si puede sobrevivir a quienes la iniciaron.
Construir una nación supone distribuir responsabilidad. El Estado debe garantizar seguridad, justicia, infraestructura y reglas que hagan posible la convivencia. El sector privado debe crear valor, innovar, invertir y comprender que su legitimidad no proviene únicamente de generar utilidades, sino también de actuar dentro de la ley y contribuir a una economía competitiva y abierta. Las universidades deben formar profesionales, pero también ciudadanos capaces de pensar críticamente. La sociedad civil debe vigilar el poder, defender libertades y crear espacios de cooperación que no dependan enteramente de la administración pública.