El 1 de septiembre, el exministro José Serrano publicó un mensaje en su cuenta de X. Ahí denunció malos tratos durante su reclusión en la cárcel de El Encuentro, en Santa Elena. En el mensaje aseguró que escribía desde ese centro carcelario. El Snai respondió ese mismo día. Señaló que la publicación no se difundió desde el interior del penal mediante un dispositivo, sino a través de terceros desde fuera.
Las denuncias de Serrano son, por ahora, su versión y aún no se verifican de manera independiente. Pero la controversia sobre el origen del mensaje abre una vez más una pregunta de fondo: ¿Cuánto control tiene el Estado sobre las comunicaciones desde las cárceles?
La respuesta está, al menos en parte, en los hallazgos de las propias Fuerzas Armadas. En agosto pasado, en un operativo Camex en el CPL Guayas N.° 5, en Pascuales, el Ejército decomisó 15 celulares. También hallaron tres módems y otros equipos de comunicación.
Días después, en el CPL Guayas N.° 4, los militares encontraron otros 10 celulares y un elemento especialmente relevante: una antena de internet satelital Starlink.
La presencia de una antena de este tipo plantea un problema que va más allá del hallazgo de un aparato prohibido. Significa que, al menos en ese caso, existía dentro del penal una vía para ingresar el aparato capaz de establecer conexión a internet. Y eso no depende de redes celulares convencionales.
Eso obliga a mirar con más cuidado la estrategia tecnológica del Estado.
En abril de este año, se conoció que el Gobierno expidió un reglamento para el sistema penitenciario que contempla el uso de tecnologías de bloqueo o inhibición de señales. Establecía, además, que estos sistemas deben operar de forma permanente. La medida buscó impedir las comunicaciones no autorizadas desde los centros de privación de libertad.
El problema es que bloquear una red celular no equivale a impedir cualquier forma de conexión. Un inhibidor para telefonía móvil actúa sobre las frecuencias para las que se diseñó. Una conexión satelital, como la que proporciona Starlink, utiliza otro enlace para comunicarse con los satélites. Por eso, la existencia de esta antena obliga a que la estrategia estatal no dependa solo del bloqueo de redes celulares.
La experiencia regional también muestra que los inhibidores no son una solución suficiente. En Chile, un informe de la Contraloría detectó fallas en los sistemas instalados en cárceles. Advirtió que, aun cuando un teléfono estuviera bloqueado por el sistema de telefonía móvil, podía conectarse a internet mediante wifi.
Colombia, por su parte, cerró 2025 con casi 35 mil celulares incautados en sus cárceles y cerca de 10 mil equipos bloqueados mediante IMEI. El balance del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario deja una lección elemental. La existencia de sistemas de bloqueo no elimina la necesidad de requisas, inteligencia penitenciaria y controles de ingreso.
Ecuador tampoco parte de cero en materia legal. El art. 275 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona con uno a tres años de prisión a quien ingrese celulares o equipos de comunicación a un CPL. La disposición contempla sanciones cuando esos objetos se encuentran en los CPL o en posesión de un PPL.
La norma, además, sí ha sido aplicada. Daniel Salcedo fue condenado en 2021 a tres años de prisión por el ingresar artículos prohibidos. Lo encontraron con celular en la cárcel 4 de Quito. En 2025 recibió una nueva condena, de 16 meses, por otro caso de ingreso de un teléfono a un centro penitenciario.
El problema, por tanto, no es la ausencia de una prohibición legal de celulares en cárceles de Ecuador. Tampoco parece ser la falta de una respuesta tecnológica en el papel. El problema es la distancia entre las reglas y lo que ocurre dentro de los centros penitenciarios.
Porque mientras el Estado dispone que los celulares y equipos de comunicación están prohibidos y ordena instalar mecanismos de inhibición, los operativos militares siguen encontrando teléfonos, módems. Y, ahora, una antena de internet satelital dentro de una cárcel.
El problema tiene consecuencias concretas y la Policía documentó una de ellas. El 11 de agosto, la Unidad Nacional de Investigación Antiextorsión y Secuestros (Unase) ejecutó el Operativo Libertad 909. Esto ocurrió tras la denuncia de una comerciante de Manta que recibía llamadas y mensajes extorsivos. Los responsables le exigían cinco mil dólares a cambio de no atentar contra ella y su familia.
La investigación policial determinó que las llamadas intimidatorias se originaban en el Centro de Rehabilitación Social Cotopaxi. Allí fueron aprehendidas tres personas privadas de libertad. Según la Policía, coordinaban y ejecutaban las llamadas extorsivas desde el interior de esta cárcel. Durante las intervenciones se decomisaron cuatro teléfonos celulares y cuatro tarjetas SIM.
El caso muestra por qué la discusión sobre los celulares en las cárceles no es un asunto meramente administrativo ni tecnológico. Un teléfono dentro de una prisión puede convertirse en una herramienta para delinquir. En este caso, una investigación vinculó comunicaciones originadas desde el interior de una cárcel de Ecuador con una extorsión dirigida contra una comerciante en Manta. La barrera física de una cárcel, por sí sola, no impidió que la amenaza llegara hasta su teléfono.
Ese es precisamente el desafío que el Estado todavía debe resolver. No basta con prohibir los celulares, decomisarlos cuando aparecen o instalar inhibidores. Si quienes están presos consiguen comunicarse con el exterior para coordinar delitos, el sistema de seguridad penitenciaria mantiene una brecha que las organizaciones criminales aprovechan.
Por eso, el debate sobre si Serrano utilizó o no un celular no debería convertirse en una disputa política sobre una sola publicación. La pregunta es: ¿puede el Estado garantizar que las cárceles sean espacios sin comunicaciones clandestinas utilizadas para delinquir?
La carrera no es solamente contra celulares. Es contra la capacidad de las organizaciones criminales para encontrar nuevas vías de comunicación cuando una tecnología es bloqueada. Si el Estado responde con una tecnología mientras quienes delinquen encuentran otra, el problema simplemente cambia de forma.
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