El pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) resolvió el 26 de abril de 2026 cancelar a las organizaciones políticas Unidad Popular y Construye. Esta decisión se tomó en una sesión marcada por tensiones internas y desacuerdos entre los consejeros, en un momento clave del calendario electoral.
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Cuestionamientos legales sobre la resolución
El proceso generó cuestionamientos desde distintos sectores políticos y jurídicos. La resolución aún no es definitiva, ya que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) deberá ratificar o no lo actuado por el organismo electoral. Esto abre un nuevo escenario de disputa legal.
Votaciones divididas y voto dirimente de Diana Atamaint
El pleno trató primero el caso de Unidad Popular. La presidenta del CNE, Diana Atamaint, y el consejero suplente José Merino votaron a favor de la cancelación. En cambio, Elena Nájera y José Cabrera se opusieron inicialmente. Luego, tras un pedido de reconsideración, ambos cambiaron su postura y se abstuvieron.
El empate dejó la decisión final en manos de Atamaint, quien usó su voto dirimente para aprobar la cancelación de esta organización. Después, el pleno analizó el caso del movimiento Construye. Atamaint, Cabrera y Merino respaldaron la cancelación, mientras Nájera se abstuvo.
Causas de la cancelación
El CNE tomó esta resolución tras varias semanas de análisis. El organismo inició el proceso en marzo por presuntos incumplimientos de requisitos legales, como no alcanzar el número mínimo de afiliados que exige la normativa electoral.
Contexto electoral y posibles implicaciones
La decisión se produce en un contexto complejo. El adelanto de las elecciones seccionales a noviembre de 2026 modificó los plazos del calendario electoral. Esto generó alertas sobre posibles incumplimientos de los tiempos establecidos en la ley.
Varios actores políticos y jurídicos señalaron que el CNE habría excedido el plazo previsto en el Código de la Democracia, que fija un límite de 120 días antes de la convocatoria a elecciones para resolver la eliminación de organizaciones políticas. En días previos, la consejera suplente María Cristina Kronfle advirtió que continuar con el proceso podría afectar el debido proceso y provocar cuestionamientos sobre la validez de la decisión.
Efectos en las próximas elecciones
Con la resolución adoptada, Unidad Popular y Construye quedan fuera del registro electoral para los comicios del 29 de noviembre de 2026, siempre que el TCE confirme la medida. Esta decisión reconfigura el escenario político, mientras otras organizaciones avanzan en alianzas y en la definición de candidaturas.
Tras la cancelación, las organizaciones aún pueden presentar un recurso contencioso electoral ante el TCE. Este organismo tendrá la última palabra sobre la validez de la resolución, lo que podría extender la controversia en torno a la participación de estos movimientos en las próximas elecciones.