En la segunda semana de julio de 2025, varios sectores del sur de Quito vivieron cortes prolongados de agua potable a raíz de una emergencia en la planta de tratamiento de La Mica-Quito Sur, según informó la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps) en un comunicado del 10 de julio de 2025. Durante tres días consecutivos, 80 000 hogares de Chillogallo, La Ecuatoriana y Quitumbe reportaron cortes del servicio.
La situación no es menor: el agua potable es un derecho básico reconocido en el artículo 12 de la Constitución y, a la vez, un recurso limitado que exige gestión técnica y conciencia ciudadana.
Quito ha contado por décadas con un sistema de captación en páramos y fuentes altas, pero la presión del crecimiento urbano y el cambio climático empiezan a hacer visibles las grietas del sistema. Según el informe técnico de Epmaps 2024, el consumo promedio de agua en Quito se mantiene en 230 litros por habitante por día, por encima de los 150 litros recomendados por la OMS.
La reflexión va más allá de la coyuntura. Los cortes en el sur no solo revelan la vulnerabilidad de ciertas infraestructuras, también exponen una indiferencia estructural: mientras unos barrios pasan días con baldes y tanques improvisados, otros desperdician agua en lavado excesivo de autos, riego a mediodía o fugas no reportadas.
Según la Secretaría de Ambiente del Municipio de Quito, en su boletín del 3 de julio de 2025, se registraron 2 134 denuncias por fugas, conexiones clandestinas y uso inadecuado del servicio en el primer semestre del año.
La comparación regional es inevitable. Bogotá implementó desde abril de 2024 un sistema de racionamientos programados y la Ciudad de México mantiene restricciones severas en varias alcaldías. Quito no ha llegado a ese punto, pero una sequía podría provocar una crisis de racionamientos.
Esta realidad no debe convertirse en un campo de batalla político. Las soluciones no son banderas de campaña, son políticas públicas de largo aliento.
Hace falta inversión en mantenimiento preventivo, reducción de pérdidas técnicas y modernización de redes. Según datos oficiales del “Plan Maestro de Agua Potable Quito 2023–2030”, la ciudad pierde cerca del 30% del agua que capta debido a fugas o conexiones irregulares. Corregir eso es más barato que construir nuevas infraestructuras y es más eficiente y sostenible.
Pero la responsabilidad no es solo de las autoridades. Los ciudadanos tenemos una tarea ineludible: cuidar el agua que recibimos. No es un llamado inquisidor, es un reconocimiento de un hecho técnico y cotidiano. Mientras en el sur la gente llenaba baldes para poder cocinar o lavarse, en otros sectores de la ciudad las aceras seguían siendo regadas a media mañana, ignorando que el agua potable no es infinita.
El reporte “Estado de los Recursos Hídricos 2025” del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica indica que el 60% de los cuerpos de agua de la Sierra presentan algún grado de presión por actividad humana. En Quito, el consumo urbano se incrementó un 8% respecto a 2023, y aunque la ciudad tiene capacidad instalada, la irregularidad climática y el crecimiento de la demanda presionan el sistema.
Por eso, reflexionar sobre el agua va más allá de un corte en un barrio. Significa exigir a las autoridades planes técnicos de mediano y largo plazo, transparencia en las inversiones y sanciones para quienes desperdicien o contaminen el recurso. Significa también, en lo cotidiano, revisar fugas en casa, reducir el uso excesivo y entender que el agua es un bien común.
Si seguimos pensando que la crisis solo le ocurre al vecino, volveremos a enfrentarnos a emergencias que nos sorprenden sin plan ni solidaridad. Quito necesita una visión compartida: una ciudad que cuide el agua es una ciudad que cuida su futuro.