Una de las palabras más pronunciadas en el mundo es el arancel. Pero, ¿qué es el arancel? El Diccionario de la Real Academia de la Lengua define al arancel, como “la tarifa oficial determinante de los derechos que se han de pagar en varios servicios, como el de costas judiciales, aduanas, etcétera, o establecida para remunerar a ciertos profesionales”.
La economipedia ratifica esta definición y aclara que los aranceles corresponden “a las tarifas que se cobran sobre productos o servicios que entran o salen de un país. Se usan para proteger a las industrias locales de la competencia extranjera”. En otros términos, el arancel es un impuesto que se aplica cuando un producto cruza la frontera, que se paga por importar o exportar bienes.
Para los neófitos como yo, los especialistas comparan al arancel con un peaje, que deben pagar los productos para entrar o salir de un país. Esta “entrada” o “salida”, según los casos, paga el consumidor, por una razón: el producto importado con arancel suele ser más caro que el mismo producto en el país de origen. Los gobiernos utilizan el arancel por dos motivos: recaudar dinero adicional y proteger a las empresas locales.
Son propósitos loables, incentivar el consumo de productos nacionales, apoyar el desarrollo de industrias estratégicas y proteger los empleos. En esa línea, la protección de las industrias nacionales utiliza otro mecanismo: las barreras no arancelarias, que implican trabas técnicas, legales, cuotas o medidas que desincentiven las importaciones. El arancel menos común se aplica a las exportaciones, por obvios motivos.
Pero cuando los aranceles son usados como represalias o amenazas en guerras comerciales, el tema se vuelve político. Lo ideal sería que las diferencias entre los Estados y los gobiernos se debatan en el marco institucional; es decir, en los escenarios formales de los Tratados Internacionales, y que los aranceles formen parte de políticas comerciales públicas, que regulen el comercio exterior, protejan a los sectores estratégicos y promuevan ingresos legales. Una balanza o equilibrio comercial es saludable para todos los países.
El nuevo orden comercial impuesto por las grandes potencias movió los escenarios económicos y políticos, y de hecho, ha producido reacciones en cadena: tensiones y represalias, que tienden a modificar el mapa económico planetario, bajo el supuesto que una potencia ha decidido priorizar sus productos y servicios, sobre la base de la creencia que estaba en desventaja, según los acuerdos internacionales vigentes.
Este enfoque ha sido calificado como agresivo y unilateral, y mecanismo de presión para el abordaje de temas políticos y sociales; por ejemplo, la emigración irregular y el narcotráfico.
Las consecuencias y los impactos están todavía por verse, aunque se anuncian aumento de costos, precios más altos para los consumidores en relación con productos importados, y más inflación. ¡Y el relato político del arancel continúa!