Las lluvias de la noche del 30 y la madrugada del 31 de octubre golpearon la isla Santa Cruz. La cañada El Aguacatal, en Bellavista, se desbordó. En La Cascada, en Puerto Ayora, el agua subió entre dos y tres metros, según los reportes recogidos en el lugar. El informe de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos con corte al 3 de noviembre registra 2 760 afectados y un fallecido en Galápagos.
Muchas familias perdieron sus enseres, sus electrodomésticos y buena parte de lo que tenían. Pero detrás de esas escenas hay una interrogante, que no puede esperar a que baje el agua ¿Cuánto de esta tragedia se pudo evitar?
Aún cuando El Niño no tomó por sorpresa a las instituciones. El 28 de agosto, el Comité Nacional ERFEN declaró oficialmente el evento. La Secretaría de Gestión de Riesgos declaró la alerta roja en todo el país. Es cierto que esa alerta no permitía anticipar la intensidad ni el lugar exacto de cada aguacero.
De hecho, la advertencia del Inamhi emitida el 28 de octubre, y vigente desde el 29, preveía eventos leves en Galápagos. Incluso, de puntual alta intensidad en Isla Isabela, no en Santa Cruz. La advertencia de corto plazo que anticipó lluvias fuertes en Santa Cruz llegó después. Pero la incertidumbre de un pronóstico no exime a nadie de preparar el territorio ni de reducir la exposición de la gente.
Esa preparación tenía, además, plazos. El 23 de mayo, la Secretaría de Gestión de Riesgos aprobó lineamientos para que los municipios y las prefecturas enfrentaran El Niño 2026-2027. La resolución dio 30 días para presentar sus planes de acción y exigió reportes mensuales de avance.
Días después, el listado de parroquias en la zona de influencia del fenómeno que difundió la Secretaría incluyó a Puerto Ayora, Bellavista y Santa Rosa, en Santa Cruz. El plan del Régimen Especial de Galápagos llegó a tiempo. Sin embargo, a fines de agosto, cerca de 90 municipios del país todavía no entregaban los suyos, según la ministra de Gobierno. Por eso, el Municipio de Santa Cruz debe aclarar si presentó su plan, qué contenía y qué ejecutó.
Galápagos tampoco empezaba de cero. En septiembre de 2023, ante la previsión de otro fenómeno de El Niño, el COE provincial pidió a los municipios y al Consejo de Gobierno presentar planes de acción. Además de identificar alojamientos temporales y realizar simulacros.
A inicios de 2024, el Consejo de Gobierno informó sobre intervenciones en barrios inundados de Santa Cruz, aunque no detalló cuáles. Es decir, existían antecedentes de afectaciones y de acciones institucionales. Ahora corresponde contrastar lo que se planificó con lo que se hizo y explicar por qué varios sectores de la isla volvieron a inundarse.
Esa exigencia pesa más en Galápagos que en cualquier otro lugar del país. El artículo 258 de la Constitución establece un régimen especial para las islas, cuya planificación debe responder a la conservación de su patrimonio natural. El Consejo de Gobierno se encarga de la planificación y el ordenamiento del territorio provincial. Los municipios, en cambio, deben regular y controlar las construcciones con especial atención a la prevención de riesgos. Esto se establece en el art. 54 del Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad), y adoptar normas técnicas para gestionar esos riesgos, según su art. 140. Galápagos tiene instrumentos para ordenar su territorio. Es legítimo exigir que se demuestre cómo se usan.
Los datos muestran por qué importan. Según el Censo 2022 del INEC, Galápagos tenía 28 583 habitantes, y 17 233 vivían en el cantón Santa Cruz: seis de cada diez. Además, en 2025, el archipiélago recibió 290 404 turistas, según el Parque Nacional Galápagos. El 71% ingresó por el aeropuerto de Baltra, que conecta con Santa Cruz. Por eso, el desafío no es solo cuántas personas viven en las islas o las visitan. El reto también es cómo se planifica la infraestructura que sostiene esa actividad.
El operador turístico Carlos Villalba, por ejemplo, atribuye parte del impacto a la densidad poblacional y a una planificación urbana deficiente. Sus observaciones merecen examinarse, aunque las causas técnicas de los daños aún deben establecerse con estudios sobre la ocupación del suelo, el drenaje y el estado de las cañadas.
Una de las fragilidades ya estaba documentada. En 2025, un estudio del Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio), la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol) y universidades belgas encontró contaminación. Específicamente, 39% de sitios monitoreados en Santa Cruz mostraron contaminantes. Además, detectó coliformes o E. coli en distintos puntos de las islas estudiadas. Según el Inabio, el turismo, la agricultura, la urbanización y el crecimiento poblacional agravan estos problemas. Esta investigación no mide los efectos de esta inundación. Pero sí muestra que, en una isla con esas fragilidades, cada emergencia puede aumentar los riesgos para la salud de la gente y para el ecosistema.
Tampoco es el primer problema documentado de infraestructura sanitaria en el archipiélago. En 2022, la Contraloría informó que la paralización de la planta de tratamiento de aguas residuales de San Cristóbal provocó la descarga de 659 736 metros cúbicos de aguas residuales al mar. Según el informe, faltaron mantenimiento oportuno y planificación. Y, la demora en firmar los contratos mostró que la emergencia declarada no cumplía los requisitos de inmediatez e imprevisibilidad. Se trata de otro cantón y de otro problema. Aun así, el caso muestra lo que ocurre cuando las deficiencias se atienden tarde. Las emergencias que se repiten dejan de ser emergencias y se convierten en síntomas.
Por eso, cada institución debe responder por lo que le corresponde. El Municipio de Santa Cruz tiene que informar cuántas viviendas están junto a las cañadas o en zonas inundables. Falta saber qué permisos otorgó y qué obras de drenaje ejecutó antes de esta temporada de lluvias. También debe explicar qué intervenciones realizó en los sectores vulnerables y qué resultados tuvieron.
El Consejo de Gobierno debe transparentar qué medidas de ordenamiento territorial impulsó y cómo coordinó su ejecución con el Municipio. Y la Secretaría de Gestión de Riesgos debe detallar qué planes recibió de Galápagos desde mayo, qué seguimiento hizo y cómo verificó su cumplimiento.
Por lo pronto, la respuesta inmediata llegó. El Gobierno activó un puente aéreo, la Armada trabaja en la limpieza y la recuperación de viviendas, y hoteles, restaurantes y vecinos abrieron sus puertas a los damnificados. Esa solidaridad merece reconocimiento. Sin embargo, la ayuda que llega después no reemplaza la prevención que debió llegar antes.
Galápagos es patrimonio natural de la humanidad. Pero también es el hogar de más de 28 000 ecuatorianos, que hoy limpian el lodo de sus casas mientras el Inamhi anticipa más lluvias. Las reglas especiales de las islas existen para proteger, a la vez, a su gente y a su naturaleza. El Niño sigue activo. Y lo que hagan ahora las autoridades y su población decidirá si la próxima lluvia fuerte vuelve a encontrar a Santa Cruz igual de expuesta.
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