Esta distribución de responsabilidades no debilita al Estado. Por el contrario, le permite concentrarse en aquello que solo él puede hacer. Un Estado que intenta dirigir cada dimensión de la vida social termina siendo omnipresente en sus aspiraciones y débil en sus funciones esenciales. Uno que reconoce la capacidad creadora de la sociedad puede ser más limitado en su alcance y, al mismo tiempo, mucho más fuerte en el cumplimiento de la ley.
Tampoco se trata de idealizar al mercado como si pudiera resolver por sí solo todos los problemas colectivos. Los mercados necesitan instituciones, competencia, información, derechos de propiedad y autoridades capaces de impedir privilegios y abusos. Sin esas condiciones, la libertad económica puede ser capturada por grupos que buscan proteger sus ventajas. La auténtica economía de mercado no consiste en la ausencia de reglas, sino en la existencia de reglas generales que permitan participar, competir, innovar y fracasar sin que el poder político decida anticipadamente quién debe ganar.
El futuro se construye precisamente en ese equilibrio: un Estado suficientemente fuerte para hacer cumplir la ley, suficientemente limitado para no sustituir a la sociedad y suficientemente estable para ofrecer previsibilidad. Una economía abierta a la iniciativa, pero sometida a reglas que protejan la competencia. Una ciudadanía libre, pero consciente de que la libertad solo puede sostenerse cuando va acompañada de responsabilidad. Donde no se confunde la libertad con libertinaje.
Nada de esto produce resultados instantáneos. La construcción institucional carece del dramatismo de las grandes proclamas. Avanza mediante decisiones que pueden parecer pequeñas: una escuela que mejora la calidad de sus maestros; un municipio que simplifica un trámite; un tribunal que resiste una presión política; una empresa que decide competir sin buscar privilegios; un funcionario que comprende que administra recursos ajenos; un ciudadano que cumple una norma aun cuando supone que otros no lo harán.
Cada uno de esos actos parece insuficiente cuando se lo observa de manera aislada. Pero las naciones se construyen precisamente mediante la acumulación de conductas que terminan modificando las expectativas colectivas. Alguien debe cumplir primero para que otros comiencen a creer que vale la pena cumplir. Alguien debe invertir a largo plazo para demostrar que el país puede ofrecer continuidad. Alguien debe renunciar a una ventaja indebida para establecer que las reglas comunes tienen más valor que el beneficio inmediato.
Así comienza a cambiar una cultura. No porque desaparezcan el interés personal, el conflicto o la ambición, sino porque las instituciones consiguen orientar esas fuerzas hacia resultados socialmente productivos. Las sociedades prósperas no están formadas por seres humanos moralmente superiores. Están organizadas de tal manera que cooperar, innovar y respetar las reglas suele resultar más conveniente que capturar al Estado, incumplir acuerdos o vivir de privilegios.
Esta constatación libera al Ecuador de dos ilusiones igualmente peligrosas. La primera es creer que basta con encontrar al gobernante correcto. La segunda, pensar que nada puede cambiar mientras no cambien todos los ecuatorianos. Entre el voluntarismo del caudillo y el pesimismo cultural existe un camino más exigente y realista: construir instituciones que sobrevivan a los dirigentes y generen comportamientos mejores incluso en personas imperfectas.
La pregunta, entonces, no es si el Ecuador puede reproducir la historia de Suiza, Singapur, Israel o cualquier otra nación. Evidentemente, no puede ni debería hacerlo. Su geografía, su diversidad, su pasado y sus desafíos le pertenecen. La pregunta pertinente es qué puede aprender de los procesos mediante los cuales otras sociedades transformaron sus limitaciones en capacidades y convirtieron una visión del futuro en una disciplina del presente.