Las autoridades de Estados Unidos confirmaron este martes 25 de agosto de 2026 la reactivación de los trabajos del muro fronterizo entre Arizona y México. La obra contempla el levantamiento de una barrera de 100 kilómetros de extensión, la cual continuará ejecutándose pese a los reclamos de comunidades indígenas locales que rechazan el paso de la infraestructura por sectores considerados sagrados de EE.UU.
Reactivación del muro fronterizo entre Arizona (EE.UU.) y México
El comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), Rodney Scott, comunicó de manera oficial la reanudación del plan denominado ‘Tucson 5’; con un mensaje en su cuenta oficial de X que dice lo siguiente:
“La CBP está avanzando en un proyecto de 62 millas para cerrar una brecha de larga data en la seguridad fronteriza del sur de Arizona, conocido como el proyecto “Tucson 5”. Esta iniciativa cerrará uno de los corredores de contrabando y tráfico más peligrosos de la frontera suroeste: una zona desértica remota que durante décadas ha facilitado el trasiego de drogas, la muerte de migrantes y las actividades de los cárteles.
El Congreso financió esta obra, un tribunal federal la ha avalado y la CBP la está llevando a cabo conforme a las facultades legales aplicables.
Bajo el liderazgo del presidente, estamos asegurando la frontera y brindando a nuestros agentes las herramientas y el apoyo que necesitan para proteger al pueblo estadounidense”.
Según EFE, el funcionario federal explicó que esta intervención busca clausurar uno de los pasos más riesgosos para el tráfico y contrabando en el suroeste fronterizo, caracterizado por ser un área desértica y aislada vinculada a operaciones de carteles, transporte de estupefacientes y decesos de migrantes.
Resolución de la justicia federal en California
La continuidad de las labores se concretó luego de que un juez federal en California desestimara el pedido de medida cautelar presentado por la Nación Tohono O’odham para frenar de forma temporal la instalación del cerramiento en las inmediaciones de su territorio en el sur de Arizona.
La resolución judicial determinó que la comunidad indígena no comprobó que la obra ocasione una reducción ilegítima de su reserva territorial o constituya una incursión federal no autorizada, argumentos que formaban parte de la demanda entablada en junio.
Petición de legisladores y consulta a naciones tribales
Frente a la reactivación de los trabajos, la congresista demócrata Adelita S. Grijalva, junto al respaldo de otros tres integrantes de la Cámara de Representantes, solicitó a los departamentos de Seguridad Nacional (DHS) y del Interior (DOI) paralizar las obras hasta concretar un diálogo efectivo con la Nación Tohono O’odham.
Según EFE, los legisladores manifestaron su profunda preocupación ante la ausencia de un proceso de consulta significativo con pueblos ancestrales frente a proyectos que puedan alterar sitios ceremoniales, bienes culturales y territorios sagrados.
Uso de fondos públicos y alternativas para la seguridad fronteriza
En la comunicación enviada a las dependencias gubernamentales, los representantes legislativos cuestionaron el empleo de recursos provenientes de los contribuyentes en el levantamiento de barreras secundarias.
Asimismo, exhortaron al DHS a priorizar estrategias con mayor nivel de eficiencia y optimización económica en la frontera, entre las cuales propusieron la modernización, actualización tecnológica y refuerzo de las instalaciones en los puertos de ingreso formal.