Un tribunal de garantías penales dictó una condena de tres años de prisión contra Karina Lissette G. S., tras comprobarse que utilizó su posición como auxiliar contable para desviar más de 332 000 dólares de una empresa.
El inicio del fraude contable
La justicia ecuatoriana concluyó un extenso proceso judicial contra Karina Lissette G. S., exauxiliar contable de una empresa privada. La procesada fue sentenciada a tres años de privación de libertad tras ser declarada autora directa del delito de abuso de confianza.
El tribunal, además de la pena privativa de libertad, ordenó a la sentenciada el pago de una multa de 10 salarios básicos unificados (4 820 dólares) y la restitución total del perjuicio económico causado a la compañía.
Funciones y aprovechamiento del cargo
La investigación fiscal demostró que la implicada laboró en la compañía desde el año 2012, ocupando una posición de responsabilidad desde junio de 2014.
En el ejercicio de sus funciones, Karina Lissette G. S. tenía el control directo de la chequera institucional y era responsable de la elaboración de roles de pago y diversos registros contables.
Este acceso privilegiado a los recursos de la empresa le permitió manipular el sistema financiero sin levantar sospechas durante los primeros años.
Auditoría revela inconsistencias financieras
El esquema de desvío de fondos quedó al descubierto tras la renuncia intempestiva de la auxiliar, ocurrida el 17 de enero de 2018.
Ante la inesperada salida de la empleada, la empresa realizó una auditoría interna exhaustiva que detectó graves inconsistencias en su contabilidad.
La revisión de los estados financieros reveló que, entre 2015 y 2017, la procesada sustrajo registros contables y omitió intencionalmente el ingreso de información financiera al sistema de la institución.
El hallazgo de cheques falsificados
La investigación avanzó mediante la revisión de los respaldos bancarios de la cuenta corriente de la empresa. Las autoridades bancarias entregaron pruebas de que múltiples cheques habían sido girados y cobrados a nombre de la exauxiliar contable.
Según las pericias presentadas por la Fiscalía, la sentenciada utilizó firmas suplantadas para autorizar los cobros. Los documentos utilizados provenían de la chequera institucional que, precisamente, se encontraba bajo su custodia y responsabilidad técnica.
Impacto económico y marco legal
El peritaje financiero solicitado por la Fiscalía durante la instrucción del caso arrojó una cifra exacta del perjuicio: 332 131,66 dólares. El último movimiento ilícito fue registrado el 29 de diciembre de 2017.
El tribunal fundamentó la condena en el artículo 187 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que tipifica el abuso de confianza y castiga la disposición ilícita de activos patrimoniales ajenos con penas de uno a tres años.
La decisión busca sentar un precedente sobre la importancia de la ética en el manejo de bienes y recursos delegados por relaciones de confianza.