La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) recordó este jueves 2 de julio de 2026 que la interrupción o suspensión injustificada del servicio de transporte terrestre constituye una infracción administrativa muy grave. Según la normativa vigente, los operadores que incurran en esta conducta podrán enfrentar sanciones económicas y administrativas.
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Infracciones y sanciones establecidas
En un comunicado emitido el mismo día, la entidad señaló que la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial establece que la suspensión del servicio sin una causa legalmente justificada es una infracción sancionada con una multa equivalente a ocho remuneraciones básicas unificadas.
Obligaciones de los operadores
La institución también indicó que la Resolución Nro. 045-DIR-2014-ANT, que regula los contratos de operación, prohíbe expresamente la suspensión del servicio a los buses de transporte público.
Esta prohibición aplica salvo en casos de fuerza mayor, caso fortuito o cuando exista una disposición de la autoridad competente.
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Procedimientos administrativos ante infracciones
Según el organismo, si se verifica una interrupción o suspensión injustificada del servicio, se iniciarán los procedimientos administrativos correspondientes para determinar responsabilidades y aplicar las sanciones previstas en la normativa.
Este proceso respetará el debido proceso y el derecho a la defensa.
Medidas cautelares para proteger el interés público
La ANT explicó que, conforme a la Resolución Nro. 096-DIR-2021-ANT y la legislación vigente, cuando el interés público se vea comprometido, la autoridad competente podrá adoptar medidas cautelares. Entre estas medidas se incluyen:
- Intervención de la operadora.
- Suspensión de rutas o unidades.
- Revisión técnica extraordinaria.
- Reevaluación de conductores.
Además, dependiendo de la gravedad de la infracción, la normativa contempla la posibilidad de aplicar sanciones adicionales, como la reversión de rutas y frecuencias o del título habilitante.
Compromiso con la continuidad del servicio
En su comunicado, la Agencia Nacional de Tránsito reiteró su compromiso con la continuidad del servicio público de transporte terrestre y con la protección del derecho de la ciudadanía a una movilidad segura y permanente.
- Informe extra:Transporte público