La rifa organizada por simpatizantes de Revolución Ciudadana para recaudar fondos destinados al pago de multas electorales volvió a poner sobre la mesa un debate que trasciende el correísmo: ¿el sistema ecuatoriano realmente puede controlar el origen del dinero que circula en actividades políticas de este tipo?
Aunque la legislación ecuatoriana contempla mecanismos de fiscalización para los ingresos de las organizaciones políticas, expertos coinciden en que el principal problema radica en la capacidad real del Estado para supervisar estos eventos y rastrear el origen de los recursos.
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Desafíos en la supervisión de rifas
El analista político Alfredo Espinosa destacó este miércoles 27 de mayo de 2026 que las rifas organizadas desde espacios políticos no son una práctica nueva, y que suelen utilizarse especialmente durante campañas electorales. Además, advirtió que muchas veces no existe trazabilidad clara sobre el origen de los recursos utilizados para financiar premios o sostener estos eventos.
Según explicó, el sistema electoral ecuatoriano actualmente trabaja bajo controles “post mortem”, es decir, revisiones posteriores a que el dinero ya circuló y los eventos ya se realizaron. “No tienes la figura del fiscal electoral o del fedatario electoral que te permita determinar cuál es la procedencia o no de esos dineros”, sostuvo.
Intervención necesaria de instituciones
Espinosa considera que tanto el Consejo Nacional Electoral (CNE) como la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) deberían intervenir para verificar la trazabilidad de los fondos utilizados en este tipo de actividades.
“El Consejo Electoral tiene una unidad antilavado que debería hacer ese proceso de indagación: identificar qué bienes se entregan, cuánto costó cada boleto y de dónde salen los recursos”, explicó.
Además del componente financiero, el analista considera que la rifa también tiene un objetivo político: reforzar la narrativa de persecución alrededor de la figura de Luisa González y movilizar respaldo en sectores afines al correísmo. “Se busca generar un evento masivo que permita agregar voluntades en torno a una causa”, afirmó.
Marco legal y limitaciones operativas
La Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos establece que todas las actividades económicas susceptibles de ser utilizadas para lavado de activos pueden ser objeto de control estatal.
La normativa menciona expresamente a los “organizadores de rifas” como sujetos obligados a reportar información a la UAFE. Además, define como operaciones sospechosas aquellas transacciones económicas que “no guarden correspondencia con el perfil económico y financiero” de quienes las realizan o que no puedan ser justificadas adecuadamente.
El abogado constitucionalista Edison Guarango sostiene que sí existe un marco legal para controlar el ingreso de recursos hacia organizaciones políticas. “Cualquier tipo de dinero que entre a una organización política tiene que ser controlado por el Consejo Nacional Electoral”, explicó. Sin embargo, advirtió que el análisis cambia dependiendo de cómo se manejen los fondos recaudados.
Dificultades en el control del financiamiento
Guarango considera que el mayor riesgo aparece cuando no se logra identificar quién financia los premios o quién aporta el dinero recaudado. “No podemos afirmar que exista una irregularidad, pero siempre queda ese peligro de que se utilicen recursos provenientes de fuentes no confiables”, indicó. Durante 2024 ya surgieron análisis sobre el posible uso de rifas y mecanismos similares para introducir dinero irregular en actividades políticas, precisamente por la dificultad que existe para controlar aportes pequeños y masivos.
“Imagínese tener que justificar cada aporte de cinco o diez dólares de cada rifa organizada por movimientos políticos. La capacidad operativa del Estado se ve rebasada”, afirmó Guarango.
No es un caso aislado
Una revisión realizada por El Comercio se identificó publicaciones en redes sociales relacionadas con eventos similares impulsados por actores vinculados a la política local.
Uno de esos casos corresponde a Nelson Gómez Salazar, hijo de la asambleísta Mónica Salazar Hidalgo, quien difundió en redes sociales la realización de un bingo por el Día de la Madre en la parroquia Isla Bejucal, en la provincia de Los Ríos.
En la publicación se promocionaba un “Gran Bingo con Fabulosos Premios”, acompañado de artistas invitados y entrega gratuita de tablas de bingo. La convocatoria incluía premios y actividades masivas dirigidas a habitantes de la parroquia.
Especialistas consultados coinciden en que este tipo de eventos evidencia las dificultades que enfrentan las autoridades para rastrear el origen de los recursos utilizados en actividades políticas o comunitarias cuando existen donaciones, aportes pequeños o entregas en efectivo.
Sobre la transparencia en rifas políticas
Para ambos especialistas, la ausencia de controles inmediatos permite que muchas actividades se desarrollen sin una supervisión efectiva sobre la trazabilidad de los fondos, especialmente cuando se realizan fuera de campañas oficiales o bajo formatos considerados privados o comunitarios.