En la Corte Provincial de Manabí se llevó a cabo este lunes 6 de octubre la audiencia de hábeas corpus que solicitaron 10 de los 13 detenidos en Otavalo, en el contexto del paro nacional convocado por la Conaie.
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Hábeas corpus parcial para los detenidos
En esta audiencia, el Tribunal aceptó de manera parcial el recurso interpuesto por 10 de los detenidos y dispusieron que se realice su traslado desde la cárcel El Rodeo, en Manabí, hasta la cárcel de Imbabura.
Además, se resolvió que se someta a evaluaciones médicas a tres de los manifestantes que ya fueron trasladados a la cárcel de Imbabura la semana pasada.
Mario Ruiz, abogado de los detenidos en Otavalo, señaló que los jueces les dieron la razón a quienes solicitaron el recurso y que esta resolución marca un hito en la línea discursiva del Gobierno.
Ruiz pidió al SNAI que se cumpla la resolución de manera inmediata. “Esperamos que así como fueron prolijos para llevarles a Manabí sin un informe... así mismo, hoy, sean diligentes para traerlos a Imbabura”, dijo el abogado.
Conaie y familiares de los detenidos en el paro acudieron a la Asamblea el 30 de septiembre
Este martes 30 de septiembre, los familiares de los detenidos en Imbabura en el contexto del paro convocado por la Conaie acudieron a la Asamblea Nacional.
Los familiares de las personas detenidas y de Efraín Fuerez, fallecido en el contexto del paro en Cotacachi, acudieron a la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea para exponer sus casos y hacer algunas peticiones.
Fueron recibidos por la presidenta de la Comisión Verónica Iñiguez, de la Revolución Ciudadana.
Los familiares de los detenidos estuvieron acompañados por Marlon Vargas, presidente de la Conaie, y por Ercilia Castañeda, vicepresidenta. También estuvo la dirigente de los comuneros Soledad Perugachi.
Según el pronunciamiento de la Conaie, acudieron a la Comisión para denunciar violencia estatal, represión brutal, abusos y graves violaciones a los derechos humanos en el marco del paro nacional.
Marlon Vargas, presidente de la Conaie, rechazó que se los llame terroristas y dijo que no están financiados por la mafia. “Somos defensores de la vida, de los pueblos”.
Denunció la “brutalidad con la que los militares han atacado a población civil indefensa“. Dijo que “este asesinato no puede quedar en la impunidad”. Responsabilizó al presidente Daniel Noboa y a sus ministros por este “crimen de Estado” y pidió una investigación transparente que esclarezca los hechos y sancione a los responsables materiales e intelectuales.
“No más persecución, no más sangre derramada de nuestros hermanos”, dijo.