El presidente Daniel Noboa decretó el estado de excepción en Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Azuay, Orellana, Sucumbíos y Pastaza, por grave conmoción interna, derivadas del paro convocado por las organizaciones indígenas en rechazo del alza del diésel.
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Según el Decreto Ejecutivo No. 174 del 4 de octubre del 2025, estas provincias concentran la mayoría de los actos violentos que afectan la integridad de las personas, el libre tránsito y el funcionamiento de los sectores estratégicos.
¿Qué es el estado de excepción en Ecuador?
El estado de excepción es un régimen temporal y extraordinario en el que el Gobierno puede limitar o suspender ciertos derechos constitucionales para restablecer el orden público. Esta medida se aplica cuando existen amenazas graves a la seguridad, como conflictos internos, desastres naturales o violencia generalizada.
Aun así, debe respetar los derechos humanos fundamentales y el derecho internacional.
Alcance y duración del decreto en Ecuador
El decreto tendrá una vigencia de 60 días, aunque puede darse por terminado antes si las condiciones lo permiten, señala el documento.
El objetivo es restablecer la paz social, garantizar la seguridad de los ciudadanos y evitar la radicalización de las protestas.
Durante este tiempo, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional podrán intervenir para mantener el orden, proteger la vida y evitar bloqueos de vías o actos que paralicen los servicios públicos.
Derechos restringidos durante el estado de excepción
El derecho a la libertad de reunión queda suspendido en las diez provincias mencionadas.
Esto significa que no se permitirán aglomeraciones en espacios públicos que busquen paralizar servicios o alterar el orden.
Sin embargo, las manifestaciones pacíficas siguen siendo legales, siempre que no afecten los derechos ni las garantías del resto de ciudadanos.
Coordinación institucional
El decreto también dispone la movilización de todas las entidades del Ejecutivo, así como de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
Ambas instituciones deberán coordinar acciones para mantener la seguridad interna, garantizar el libre tránsito y proteger la economía nacional.
El Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior serán los encargados de ejecutar la medida, junto con las instituciones competentes.
Nuevo estado de excepción tras anulación de la Corte
Este nuevo decreto se da después de que la Corte Constitucional anulara el estado de excepción en cinco de las siete provincias donde el presidente Daniel Noboa lo había decretado ante las protestas indígenas.
El alto tribunal declaró inconstitucional la medida en Pichincha, Cotopaxi, Bolívar, Azuay y Santo Domingo de los Tsáchilas, al no comprobarse una grave conmoción interna, pero la mantuvo en Carchi e Imbabura, esta última, epicentro de las manifestaciones.
También avaló la participación de las Fuerzas Armadas y la restricción al derecho de reunión en esas dos provincias, pero rechazó la aplicación del toque de queda.
Las protestas, convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), se mantienen activas en seis provincias, con un saldo de un fallecido, más de 80 heridos y más de un centenar de detenidos.
La eliminación del subsidio al diésel, adoptada por Noboa para frenar el contrabando y la minería ilegal, reavivó tensiones históricas en el país, similares a las crisis sociales de 2019 y 2022 que forzaron a los gobiernos anteriores a revertir medidas similares.
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