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La violencia e inseguridad que se vive en los colegios de Ecuador tiene un origen

Amenazas, agresiones brutales entre estudiantes y secuestros de profesores son parte del panorama que se vive en el sistema educativo de Ecuador. Esta violencia tiene un génesis con varias aristas.

El gobierno de Daniel Noboa anunció medidas para atender esa realidad, incluyendo un plan nacional y reformas legales.

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Violencia e inseguridad en colegios de Ecuador

Guayaquil, Durán y Samborondón, que corresponden a la zona 8, están entre las zonas de mayor riesgo. Cuatro de las 649 instituciones educativas operan temporalmente en modalidad no presencial, justamente, por los riesgos.

En esa localidad, el reclutamiento de estudiantes por parte de los grupos de delincuencia organizada (GDO) es una de las problemáticas que, a su vez, desemboca en extorsiones, venta de drogas y amenazas a profesores.

La Estrategia Emergente para la Prevención del Reclutamiento de Niños, Niñas y Adolescente, publicada por el Ministerio del Interior en enero de 2025, refiere que el reclutamiento en planteles educativos se da a partir de los 10 años.

No se puede obviar a sitios como el cantón Camilo Ponce Enríquez y Buenos Aires, donde se desarrolla la minería ilegal. En estos se evidencia trata de personas, explotación e intercambios de menores entre GDO.

Sin olvidar que, según Unicef Ecuador, 265 000 niños, niñas y adolescentes están fuera del sistema educativo. El Ministerio cuenta con la línea 1800 Educación (338 222) para reportar un caso y activar al equipo de gestión territorial.

Desde la Unión Nacional de Educadores (UNE) se manifestó que la docencia se ha convertido en una profesión de alto riesgo en varios territorios del país y, por eso, se exige que sea reconocida así de manera oficial.

Hechos registrados en Ecuador

En febrero de 2025, el Ministerio de Educación presentó un diagnóstico en 28 cantones de Ecuador, que derivó en el plan de Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia en el Contexto Educativo.

En ese análisis, por ejemplo, se evidenció casos de violencia física, psicológica y acoso escolar. Este último, por ejemplo, registró: 1 195 casos entre 2022 y 2024; 609 en 2022; 432, en 2023 y 154, en 2024.

Apenas el viernes, 20 de junio de 2025, una estudiante de un colegio de Quito golpeó brutalmente a una compañera. El video de la agresión, ocurrida en el parque Itchimbía, circuló por redes sociales.

La joven golpeada tuvo contusiones y la agresora fue suspendida, aunque no implicó una expulsión. El Ministerio indicó que el caso está en Fiscalía.

La postura del Gobierno frente a la realidad del sistema educativo

El Gobierno anunció acciones que incluyen procesos en la Asamblea Nacional:

  • Reformar la Ley de Educación Intercultural.
  • Acuerdo ministerial para la actuación de la fuerza pública en las instituciones educativas solo cuando haya un peligro justificado.
  • Crear un comité de emergencias educativas, similar a un COE educativo.
  • Revisar los protocolos de actuación en caso de riesgo, violencia e inseguridad.
  • Coordinar directamente con el Ministerio del Interior, Fiscalía, Asamblea, gremios y sociedad civil para asegurar respuestas judiciales y preventivas en casos de extorsión, amenazas y reclutamiento en zonas de riesgo.
  • Adecuar los horarios en planteles educativos como medida preventiva y adaptativa.

El Ministerio de Educación puntualizó que se prevé que el acuerdo ministerial que facilita el acceso de la Fuerza Pública a las instituciones educativas se emita, a más tardar, esta semana.

Por otro lado, las propuestas de reforma a la Ley se entregará a la Asamblea en 15 días, contados desde el pasado 30 de junio, tras el proceso de consulta con los actores de la comunidad educativa. Al menos así se ofreció.

La Inserción Curricular de Seguridad entrará en vigor al inicio del ciclo lectivo Sierra-Amazonía, en septiembre. Los estudiantes de este régimen ya se encuentran en vacaciones desde el 1 de julio.

El panorama que rodea a la comunidad educativa

José Manuel Portugal, docente de Derecho, calificó a la problemática de violencia en el entorno educativo como responsabilidad de todos, por la gravedad que implica.

El experto refirió que se requiere una estrategia que incluya a la sociedad civil, la Policía, Defensoría del Pueblo, Fiscalía, la academia, las ong, entre otras instancias. “De tal manera que se puedan crear rutas de acción no solo reactiva, sino preventiva”.

También aludió que la educación ya no puede estar sustentada únicamente en lo cognitivo, sino en la inteligencia emocional y educación afectiva para prevenir los actos violentos.

Esto, agregó el experto, no solo deben verse desde la captación de niños y adolescentes por parte de los GDO, sino del acoso escolar y las situaciones violentas en el hogar.

En esa línea no se queda fuera los modelos educativos en casa. Unicef Ecuador dio cuenta de que el 51% de los niños menores de 5 años es maltratado física o psicológicamente.

La salud mental y emocional es vital

Katherine Alcívar, profesional en Piscología y docente universitaria en Guayaquil, hizo un recuento de las afectaciones que dejan la violencia en estudiantes y docentes.

Ella mencionó que las escuelas dejaron de ser espacios únicamente de aprendizajes para ser también “trincheras emocionales“, pues la comunidad educativa, incluyendo los padres, enfrentan vulneración de derechos, del sentido de pertenencia y de la esperanza.

En ese camino, el docente puede sentirse desbordado, sobrecargado, pues, a las tareas académicas se suman cargas sociales.

Por eso, añadió Alcívar, no se trata de darle mas responsabilidades, sino garantizar un entorno donde se sienta seguro, acompañado y escuchado. La salud emocional de un profesor también es un eje del derecho a la educación de los estudiantes.

Acciones que pueden aportar

Resignificar los espacios, las labores y personajes positivos es parte de abonar el terreno para mitigar la violencia. Esta es una estrategia que planteó Alcívar, sumada a construir una identidad colectiva que invite a reconocer lo bueno en barrios, cooperativos, sectores, etc.

“Se llega a perder de vista los rostros, las personas, el esfuerzos, aquellos que continúan resistiendo y diciendo que la violencia no puede ser lo normal“.

No se quedó fuera de la lista de prioridades escuchar a los estudiantes, promover el liderazgo positivo y detener la cadena de las víctimas, por ejemplo, identificando alertas.

El pedido urgente desde la UNE

La UNE se pronunció sobre la realidad que viven los docentes y, claro, la comunidad educativa en general. Los secuestros son parte de esta problemática. Apenas el martes, 2 de julio de 2025, la Policía rescató a una docente.

Un exalumno es parte del grupo de personas aprehendidas por el caso. El monto que exigían para la liberación ascendía a 50 000 dólares. El hecho se dio en la provincia del Guayas.

Andrés Quishpe, presidente de la UNE, insistió en que se declare a la educación en Ecuador en emergencia.

Desde la organización, aún antes de la liberación alertó: “Está claro que no solo nos están extorsionando, intimidando o secuestrando. Hoy, para sobrevivir, las y los docentes del Ecuador también estamos renunciando a nuestra profesión con la cual mantenemos a nuestras familias y hemos aportado en la enseñanza y aprendizaje de decenas de generaciones“.

Del mismo modo, la UNE refirió que el 25 de junio, el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, junto a la Embajada de EE.UU. presentó el informe: Estudio sobre Vinculación de Niños, Niñas y Adolescentes a Organizaciones Criminales en Ecuador, realizado a 3 000 niños y adolescentes, donde se reveló que 1 de cada 10 menores de edad ha sido captado por bandas delincuenciales.

UNE recapitula emergencias

En un comunicado, la UNE mencionó:

“En apenas dos meses: tres profesores fueron secuestrados en Guayaquil; un docente fue encontrado sin vida en Machala; una maestra fue baleada dentro de su plantel, en Esmeraldas; una pareja fue asesinada frente a una escuela; en el cantón Rumiñahui intentaron secuestrar a un estudiante; un profesor en Quito, luego de varios días desaparecido, fue encontrado asesinado; en varios planteles se han decomisado armas y se han producido agresiones salvajes entres estudiantes”.

“Educación en emergencia no significa cerrar las escuelas; por el contrario, exigimos que se ejecute lo que establece la ley: priorizar los recursos para educación e implementar políticas públicas que prevengan los problemas como un Plan de seguridad para los 200 días del año lectivo, un Plan de Reinserción Escolar“.