Juzgar a menores de edad como adultos es un cambio que enfrenta Ecuador. En delitos graves enfrentarán penas de hasta 15 años. El panorama penal para este segmento se modificó con la Ley de Integridad Pública, aprobada el 24 de junio de 2025.
¿Qué pasa con los derechos y tratados internacionales? Esta es la pregunta sobre el escritorio tras la aprobación de la norma, en medio de la escalada de violencia en Ecuador.
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Juzgar a menores de edad como adultos con la Ley de Integridad Pública
La propuesta ya se trató en la Asamblea Nacional que culminó funciones en mayo de 2025. Sin embargo, en el nuevo periodo legislativo se volvió abordar y, finalmente, el aumento de penas es una realidad.
La norma aumenta las sanciones, fija plazos para cada etapa procesal y establece controles obligatorios una vez que el joven alcanza la mayoría de edad. También marca el destino en caso de delitos graves.
Para Unicef, las reformas son regresivas al sistema de justicia penal juvenil y “afectan gravemente a los adolescentes”. Desde el organismo se manifestó que este tipo de medidas no han demostrado ser efectivas para combatir la inseguridad.
A los cuestionamientos y preocupación se sumó Human Rights Watch. La organización internacional fue tajante: “Ley de Integridad Pública pone en peligro a los niños”.
🔴 Pronunciamiento oficial. pic.twitter.com/17tuFiIyxI
— UNICEF Ecuador (@unicefecuador) June 25, 2025
Las consideraciones desde Human Rights Watch
Desde el organismo internacional se alertó que las reformas aprobadas por la Asamblea Nacional y sancionadas por el presidente Daniel Noboa representan una grave amenaza para los derechos de los niños, niñas y adolescentes. “No brindan protección a quienes son reclutados o utilizados por grupos de delincuencia organizada”.
A decir de la organización, si las autoridades realmente quieren acabar con el reclutamiento y la utilización de niños por parte de los grupos de delincuencia organizada, deben centrarse en protegerlos y perseguir a quienes los reclutan.
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La ley fue aprobada el mismo mes en que el Presidente decretó que la prevención y erradicación del reclutamiento por parte de actores no estatales es una prioridad nacional.
La pena máxima para los adolescentes era de 8 años, ahora podrían ser condenados hasta a 15 por delitos cometidos durante el denominado conflicto armado interno. Este se encuentra vigente desde enero de 2024.
Ellos, una vez que cumplan 18 años, terminarían la condena en ‘secciones especiales’ en los centros de privación de libertad para adultos.
Los pedidos hechos a Ecuador
Ya con anticipación, el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas instó a Ecuador a recurrir a la privación de la libertad de niños solo como último recurso, durante el periodo más breve posible y en lugares donde estén separados de los adultos.
Además, solicitó al país realizar revisiones periódicas para facilitar la libertad de los niños.
El Comité de Naciones Unidas también llamó a las autoridades a rechazar cualquier iniciativa que proponga que los niños respondan como los adultos por delitos graves. Además, a mantener la edad mínima de responsabilidad penal en los 14 años.
Ecuador: Ley de Integridad Pública pone en peligro a los niños https://t.co/uyE6bL2KMX
— Human Rights Watch (@hrw_espanol) June 27, 2025
La postura desde el oficialismo
Desde el movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), en cambio, el asambleísta Adrián Castro menciona que se trata de una reforma positiva, cuyo objetivo es precisamente evitar que las bandas narcodelictivas sigan reclutando a “nuestros jóvenes adolescentes para ponerlos como carne de cañón”.
Añadió que los delitos no eran sancionados con la misma fuerza que contempla la nueva ley. “
Hoy, los sicarios adolescentes -dice Castro- pagarán sus delitos graves como el sicariato y cumplirán su pena hasta la mayoría de edad en centros de reclusión de infractores. Pero, apenas cumplan la mayoría de edad irán a cárceles de adultos. Tendrán rebaja de penas si colaboran con la investigación y delatan a quienes los reclutaron”.
¿Cuál es el trasfondo de esos delitos?
Los delitos ejecutados tras niños y adolescentes tienen un génesis marcado por el reclutamiento por parte de grupos organizados.
La Estrategia Emergente para la Prevención del Reclutamiento de Niños, Niñas y Adolescente, publicada por el Ministerio del Interior en enero de 2025, dio cuenta que el proceso en planteles educativos se da a partir de los 10 años.
Según la Cartera de Estado, Guayas es la provincia con mayor vulnerabilidad. Las otras localidades que presentan más factores de riesgo son Manabí, Los Ríos, El Oro y Esmeraldas.
Una doble criminalización
El estudio Doble criminalización en cantones de ‘alta peligrosidad’ en Ecuador: un análisis in situ, levantado entre 2023 y 2024 por Katherine Herrera, experta en seguridad nacional, recopila que hay niños amenazados o convencidos, teniendo como base la fragmentación del tejido social.
Pero, esa realidad está vigente y se agravó en 2025. A eso se suma que, como indicó la experta, las condiciones son aún más precarias, como en los pagos que reciben.
La especialista ubicó que hay niños y adolescentes que buscan ser parte de los grupos, ya sea por necesidad o, incluso, normalización del crimen.
El Gobierno, en este junio de 2025, creó el Comité para la Prevención y Erradicación del Reclutamiento, Uso y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes por parte de grupos de delincuencia organizada.
El 17 del mismo mes, el organismo, integrado por varias carteras de Estado, ofreció que, en 30 días, tendrá listo un plan para evitar el reclutamiento de niños por el crimen organizado.
Los cambios con la normativa
Tanya Torres, catedrática de Derecho, calificó de alarmantes a los cambios planteados en la norma. Esto debido a que:
“La ley no propone ningún tipo de protección a la integridad, lo que ha hecho es retroceder en la protección de niños, niñas y adolescentes“.
La especialista refirió que el sistema de justicia penal de adultos es distinto al de menores de edad. A escala internacional es conocido como juvenil y tiene un carácter restaurativo.
Es decir, al tratarse de personas en una etapa de formación y madurando emocionalmente, no pueden ser tratados de forma similar a los adultos que cometen delitos. “Esta ley es grotescamente violatoria de derechos humanos e inconstitucional“.
Los derechos de los niños se rigen por un principio de progresividad, protección y atención especial. Esto, asegura Torres, han sido violados.
La experta en Derecho remarcó que se cayó en el denominado “populismo penal”, criminalizando a las víctimas de un fenómeno social. Este sigue siendo la forma para dar el mensaje de “voy a ser implacable con la delincuencia”.
En esa línea, la Constitución de Ecuador contempla la justicia especializada para niños, niñas y adolescentes.
Las afectaciones para menores criminalizados
Emilio Carrillo, profesional en el área de Psicología, reafirmó que los niños, niñas y adolescentes deberían gozar de todos sus derechos y ser protegidos. En el caso de Ecuador, en relación a los adolescentes, apuntó:
- El Comité creado (por el gobierno de Daniel Noboa) no cuenta con actores especializados para atender esta problemática.
- El ámbito de acción de los actores que conforman el comité hay que tener en cuenta que son entidades que presentan serias dificultades para la gestión de sus funciones, atribuciones y ejecución presupuestaria.
- La falta de un presupuesto específico no aporta garantías y sostenibilidad para atender la complejidad de esta problemática en el marco de la especialidad que se requiere.
- La aprobación de los proyectos y programas a implementar se pueden ver afectados por una burocracia innecesaria entorno a la aprobación de las acciones y presupuestos.
- La participación de actores de la sociedad civil (organizaciones y actores especializados) respecto de la toma de decisiones es nula.
El desarrollo de un niño y adolescente
Emilio Carrillo, además, explicó que se pierde de vista que los niños y adolescentes son personas en formación y no pueden ser vistos como adultos.
Ellos están sujetos a grandes cambios, algunos físicos que son evidentes, otros psicológicos y sociales, o en la ejecución de tareas y roles.
Como parte de sus procesos internos, se forman los puntos de vista y las valoraciones relativamente estables del sistema de actitudes a lo que les rodea.
Se suma la restructuración constante de sus pensamientos a partir de la recapitulación del pasado, la proyección hacia el futuro y del sentido de vida, alineado a la necesidad de encontrar un lugar en el colectivo de iguales.
“Su concepción moral del mundo está en proceso de formación, a partir del código moral social de los adultos y los modelos a seguir”, señaló Carrillo.
La desviación de la conducta
El profesional agregó que la desviación de la conducta humana responde a la influencia de tres niveles de condicionamiento social:
- La sociedad (real o virtual)
- Los micromedios en los que se desarrolló o vive la persona (familia, comunidad, escuela)
- La propia personalidad
Además, mencionó que los procesos sociopsicológicos de adolescentes perciben e interactúan con una sociedad negativa y privada de oportunidades. Sus entornos han sido afectados significativamente por causas estructurales como la violencia, el abandono y la exclusión.
Lo que no es ajeno a que se apliquen consecuencias y responsabilidades acorde al incumplimiento de las obligaciones de ley y en el marco de un sistema especializado.
“Los adolescentes requieren transitar por estos procesos acompañados, no solo de su familia que también requieren tratamiento, sino de programas sociales y de salud mental para el cumplimiento de medidas socioeducativas proporcionales”.