El pueblo ha sido convocado para elegir candidatos de las organizaciones políticas, en las elecciones seccionales del 29 de noviembre de 2026.
Se elegirán 23 prefectos, 23 vice prefectos, 222 alcaldes, 909 concejales urbanos, 457 concejales rurales, 4,131 vocales principales de las juntas parroquiales y 7 consejeros al CPCCS. La hoja de ruta está lista, los partidos y movimientos políticos trabajan para persuadir a sus electores, y los ciudadanos analizamos propuestas y planes de acción.
La Ley Orgánica Electoral (Código de la Democracia), establece en el Art. 11 que “el ejercicio del derecho al voto se realizará de conformidad con las siguientes disposiciones: 1. El voto será obligatorio para las ecuatorianas y ecuatorianos mayores de dieciocho años, incluyendo a las personas privadas de libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada. 2. El voto será facultativo para las personas entre dieciséis y dieciocho años de edad, las mayores de sesenta y cinco años, las ecuatorianas y ecuatorianos que habitan en el exterior, los y las integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en servicio activo, las personas con discapacidad y las personas analfabetas. Lo será también para las extranjeras y extranjeros desde los dieciséis años de edad que hayan residido legalmente en el país al menos cinco años y se hubieren inscrito en el Registro Electoral. El Consejo Nacional Electoral reglamentará y establecerá las condiciones necesarias para facilitar el ejercicio del sufragio a las personas con discapacidad”.
Resulta un lugar común mencionar que la voluntad popular se expresa en las urnas. Los electores elegimos a representantes para las dignidades mencionadas, y lo hacemos cada vez que somos convocados por las autoridades electorales. Este derecho es irrenunciable, y permite que la democracia se consolide. Mas, ¿qué sucede cuando los ciudadanos elegidos no cumplen con las promesas o no administran los bienes públicos con pulcritud y eficiencia?
Las respuestas son disímiles. El ejercicio de la democracia no termina con una elección. Es deber prioritario de las nuevas autoridades cumplir y hacer cumplir las disposiciones constitucionales y legales, y ejecutar los planes de acción prometidos. Además, los ciudadanos debemos acompañar estos procesos, realizar seguimientos a través de veedurías y, lo más importante, participar en la construcción de modelos de gestión que acerquen el Estado y sus instituciones a los ciudadanos.
El Ecuador vive otras realidades y desafíos en el siglo XXI. Las desigualdades, la informalidad, las deficiencias en salud, educación y empleo delatan nuevos tipos de violencias que son caldo de cultivo de la inseguridad y la incertidumbre. Por eso, preocupa, en varios escenarios, el vacío del Estado que ha sido llenado por mafias y líderes agresivos que preparan a nuestros niños, niñas y adolescentes para actividades ilícitas.
La voluntad popular -la verdadera- cobra, entonces, sentido y oportunidad, sobre todo en barrios, parroquias, recintos y anejos que no cuentan con los servicios básicos, o si los tienen son de baja calidad y no cubren las necesidades esenciales: agua potable, alcantarillado, luz eléctrica, conectividad, atención primaria de salud, educación inclusiva, programas de nutrición y alimentación, y trabajo seguro.
Las prefecturas, las alcaldías con sus consejeros y concejales, así como los vocales de las juntas parroquiales tienen ahora nuevos retos, porque están, precisamente, cerca de los ciudadanos, y se centran en crear sistemas de participación, vigilancia y acción democrática en los territorios, con mentalidad pluralista, gestión transparente, liderazgo compartido, alejado de los clientelismos y apegados a los valores humanos. ¡Esa voluntad popular -durante la gestión- merece el apoyo de todos!