La seguridad debe ser una garantía pública
El crimen es inherente a los individuos que no respetan la vida y la propiedad así como la sociedad que trabaja es inherente al concepto de la seguridad.
Maquiavelo sostenía que los principados eclesiásticos no están obligados a defender la propiedad si “reinan la prosperidad y la seguridad” (El Príncipe”, Editorial Claridad, Buenos Aires, 1970, p. 161), es decir si por medio del trabajo continuo y frugal no hay presencia visible del crimen.
La conexión prosperidad-seguridad es fundamental. Si el crimen procede a destruir la seguridad, que debe ser garantizada por el Estado o Principado, es claro que la prosperidad disminuye, la gente siente temor o terror y los perjuicios económicos van aumentando.
En Europa el Estado francés está arrinconado por el crimen organizado que manda en el sistema penal, controla las cárceles y los ‘soldados’ del delito circulan libremente, desde Marsella hasta París. Esto es en Francia, país que tiene adelantos en la investigación contra el crimen y asesora a otros países en ello, como Ecuador.
En América el caso de Ecuador es especialmente grave, porque los ‘mandamases’ del crimen pretenden continuar controlando las cárceles, tienen a su haber un código de procedimientos penal adhesivo a sus intereses y hay una red de juzgadores afines que reciben instrucciones en forma de órdenes-amenazas o sobornos por parte de la gente del crimen.
Aun así, el crimen tiene todo el mundo como escenario de sus ‘actividades’, hasta en la Corte Penal Internacional. Y los modelos anglo y latino discuten sobre el grado de eficiencia en cómo revertir la influencia del crimen, comenzando la manera en cómo se ejerce la jurisdicción y terminando con el proceso sancionatorio más o menos estricto.
El modelo estadunidense tiene la figura del ‘plea bargaining’, que sirve para negociar la pena si media la colaboración completa del acusado. Se ha implementado esta forma en el COIP con el llamado procedimiento abreviado, alterándolo pues ayuda a los intereses del acusado porque no se le exige su colaboración como un requisito básico.
Por tanto, vemos cómo el gobierno se deshilacha en la ofensiva contra el crimen organizado. Hay una policía eficiente, hay la voluntad política pero la inseguridad pública sigue adelante. La respuesta del Ejecutivo está en dictar los estados de excepción. Es el fallo en que se aprovechan los delincuentes. El Estado de excepción debe ser permanente y no solo en determinados periodos y lugares, de la misma forma en cómo los ingleses lograron dominar a los comunistas en Malaya en un periodo de diez años, después de 1945.
Mejora sustancial en el concepto de seguridad es que hay acuerdo en unir el tráfico de drogas con la minería ilegal, las extorsiones y los secuestros.
Es casi lo mismo en el escenario internacional. Estados Unidos lidera toda la guerra de bajo nivel contra el crimen. Lo investiga y pronto se conocerá quiénes controlan el crimen en nuestro país.
El Estado ecuatoriano lentamente regresa a la prosperidad siempre y cuando la seguridad realmente constituya una garantía para la sociedad completa.
Francisco Bayancela González