El combate del Gobierno contra la minería ilegal empieza a enviar una señal positiva a los inversionistas, pero todavía no alcanza para destrabar todo el potencial del sector. Esa es la lectura de María Eulalia Silva, presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería del Ecuador (CME), quien reconoce la ofensiva estatal, pero advierte que la seguridad jurídica y la capacidad institucional siguen siendo determinantes para atraer capital de largo plazo.
Entre enero y el 10 de septiembre de 2026, las fuerzas de seguridad destruyeron 1 119 campamentos vinculados presuntamente con extracción ilegal y 1 748 bocaminas. De acuerdo con el cálculo del Ministerio de Defensa, la afectación a las organizaciones criminales ascendería a 4 659 millones de dólares, además de la incautación de 590 retroexcavadoras, 537 clasificadoras y 395 dragas inutilizadas.
Minería ilegal y oro muestran el tamaño de una economía criminal
Para Silva, la magnitud del problema cambió durante la última década. El oro se convirtió en un objetivo atractivo para las organizaciones criminales por sus altos precios, la dificultad para rastrearlo y la facilidad relativa para extraerlo y movilizarlo.
La dirigente sostiene que detrás de esta actividad ya no están únicamente pequeños grupos dedicados a extraer minerales. Según explica, estructuras criminales transnacionales se han vinculado con organizaciones locales como Los Lobos, Los Tiguerones y Comandos de la Frontera, en un esquema que también involucra tráfico de insumos, maquinaria, explosivos y material aurífero.
El problema tampoco termina en el punto de extracción. La contaminación de ríos por metales pesados puede trasladarse a otras zonas y generar pasivos ambientales cuyo costo de remediación no está incluido en las estimaciones económicas de la actividad ilegal.
El golpe militar gusta al inversionista, pero no basta
“Es muy positivo” que el Gobierno enfrente el problema con fuerza, señala Silva. Sin embargo, para la Cámara, los operativos deben acompañarse de una estrategia que involucre a jueces, fiscales, legisladores y organismos de control.
La prioridad, menciona la representante, es seguir la ruta del dinero, el mercurio y la maquinaria, además de fortalecer el trabajo de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) para identificar el origen del oro que llega a los mercados internacionales.
También plantea reforzar las fronteras. Parte del material aurífero, añade, puede salir como concentrado o arenilla preprocesada bajo la apariencia de otros productos empleados para la construcción, mientras los insumos para la extracción ilegal ingresan por rutas transfronterizas.
A esas acciones, Silva añade un punto clave que ayudaría a impulsar la actividad formal: los inversionistas necesitan seguridad jurídica para saber que las reglas no cambiarán durante la vida de un proyecto de minería.
Ecuador busca capital mientras el oro toca precios históricos
El sector minero llega a este debate con cifras crecientes. La titular de la CME señala que las exportaciones mineras del primer semestre de 2026 alcanzaron 2 600 millones de dólares y que podrían llegar a 5 000 millones al cierre del año, impulsadas principalmente por los precios internacionales.
La presidenta ejecutiva atribuye ese desempeño al contexto geopolítico y al papel del oro como activo de refugio para grandes economías. Detalla que el metal llegó a superar los 5 500 dólares por onza en enero y actualmente se mantiene sobre los 4 000 dólares.
Los datos de comercio exterior también muestran el peso que ha ganado la actividad. EL COMERCIO publicó el 19 de mayo de 2026 que la minería se convirtió en el tercer rubro de exportación del país en el primer trimestre, con 1 381 millones de dólares.
La seguridad jurídica es la pieza que falta
La discusión llega cuando existen nuevos proyectos que buscan capital internacional. El 15 de septiembre de 2026, El Comercio reportó que la estatal Enami EP y la compañía singapurense Boroo Pte. Ltd. firmaron un acuerdo para evaluar oportunidades mineras que podrían representar una inversión potencial de 300 millones de dólares.
Para Silva, casos como este muestran que existe interés, pero la decisión final depende de algo que va más allá del precio del oro o de los operativos contra la ilegalidad: la estabilidad de las reglas.
“La falta de seguridad jurídica impide que lleguen inversiones serias”, sostuvo. Su planteamiento es que el Estado puede establecer las condiciones para explorar y operar, pero esas reglas deben mantenerse una vez iniciado el proyecto.
Mientras el Gobierno profundiza los operativos y el sector mira nuevos capitales, Ecuador tiene dos tareas paralelas: reducir el espacio económico de las mafias y demostrar a quienes evalúan invertir que el marco institucional puede sostenerse durante años, no solo durante una coyuntura de altos precios.
Más información de la minería en Ecuador
Preguntas frecuentes sobre el combate a la minería ilegal en Ecuador
El combate a la minería ilegal mejora la percepción de los inversionistas y genera un entorno más favorable para la actividad formal.
María Eulalia Silva, de la Cámara de Minería del Ecuador, considera positiva la ofensiva estatal contra la minería ilegal. Entre enero y el 10 de septiembre de 2026 se destruyeron 1 119 campamentos y 1 748 bocaminas vinculadas presuntamente con extracción ilegal, lo que envía una señal favorable al mercado.
Porque los inversionistas necesitan garantías de que las reglas no cambiarán durante la vida de un proyecto.
Aunque los operativos contra la minería ilegal son valorados por el sector, Silva sostiene que la falta de seguridad jurídica continúa frenando la llegada de inversiones de largo plazo. Según su planteamiento, las condiciones establecidas por el Estado deben mantenerse una vez iniciadas las operaciones.
Las acciones del Estado han generado una fuerte afectación económica a las organizaciones vinculadas con esta actividad.
El Ministerio de Defensa calcula una afectación de 4 659 millones de dólares a organizaciones criminales. Además, fueron inutilizadas 590 retroexcavadoras, 537 clasificadoras y 395 dragas relacionadas con actividades ilegales.
Porque tiene altos precios internacionales y resulta difícil de rastrear. La presidenta ejecutiva explica que el oro se convirtió en un objetivo atractivo durante la última década debido a su valor, la facilidad relativa para extraerlo y movilizarlo, y las dificultades para seguir su trazabilidad. También señala la participación de estructuras criminales transnacionales vinculadas con grupos locales.
El interés de capitales internacionales se mantiene impulsado por el auge del oro y nuevos proyectos mineros.
Las exportaciones mineras del primer semestre de 2026 alcanzaron 2 600 millones de dólares y podrían llegar a 5 000 millones al cierre del año. Además, Enami EP y Boroo Pte. Ltd. firmaron un acuerdo para evaluar oportunidades mineras con una inversión potencial de 300 millones de dólares, aunque la decisión final dependerá de la estabilidad institucional y jurídica.