El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó con 83 votos afirmativos un informe de fiscalización relacionado con las actuaciones institucionales y administrativas vinculadas a la compra de 60 trolebuses eléctricos para el Distrito Metropolitano de Quito, este martes 23 de junio de 2026.
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Los hallazgos del informe sobre la compra de trolebuses eléctricos en Quito y la aprobación del Pleno de la Asamblea
Durante la presentación del informe, el asambleísta Xavier Ordóñez, ponente del documento, indicó que el proceso de fiscalización identificó presuntas irregularidades relacionadas con el esquema de contratación utilizado para la adquisición de los trolebuses.
Según expuso, el mecanismo habría recurrido a la intermediación de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) para ejecutar la compra fuera del Sistema Nacional de Contratación Pública.
El informe sostiene que esta modalidad habría implicado el pago de comisiones administrativas y posibles inconsistencias relacionadas con los aportes y responsabilidades contemplados en el convenio, además de limitar los mecanismos de control estatal.
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Observaciones sobre el acuerdo con Unops
La comisión concluyó que el Memorándum de Acuerdo suscrito entre la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito (Epmtpq) y Unops trascendió el ámbito de la cooperación técnica y operó como una estructura de ejecución que trasladó a un tercero funciones sustanciales del proceso de adquisición.
De acuerdo con el documento, este esquema habría desplazado el régimen ordinario de contratación pública aplicable a una operación financiada con recursos públicos y vinculada a un servicio esencial.
Asimismo, el informe señala que el acuerdo fue suscrito sin autorización previa del Directorio de la Epmtpq, pese a comprometer más de 32 millones de dólares de recursos propios de la empresa. Esta situación deberá ser evaluada por las autoridades competentes.
También se deja constancia que el Directorio era presidido por el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, quien suscribió el Memorando de Entendimiento que antecedió al acuerdo con Unops.
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Posibles sobrecostos y limitaciones en el control
Entre los hallazgos presentados por la comisión consta que la operación incorporó costos de implementación, costos indirectos y otras cargas asociadas al mecanismo utilizado.
Además, se señala que la transferencia anticipada de la totalidad de los recursos comprometidos habría reducido la capacidad de seguimiento y control sobre la ejecución de los fondos públicos.
El informe sostiene que la estructura financiera, operativa y contractual adoptada trasladó decisiones, administración financiera y mecanismos de supervisión a un tercero sujeto a reglas distintas a las del sistema nacional de contratación pública.
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Remisión del informe a organismos competentes
Como parte de las resoluciones aprobadas, la Asamblea dispuso remitir el informe al Concejo Metropolitano de Quito para el ejercicio de sus competencias fiscales, así como a la Contraloría General del Estado y a la Fiscalía General del Estado para analizar los hallazgos.
También se ordenó enviar el documento al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, para que, por vía diplomática, lo remita a la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de las Naciones Unidas.
Adicionalmente, el informe recomienda impulsar reformas legales destinadas a delimitar el uso de mecanismos de contratación articulados con organismos internacionales y fortalecer los principios de transparencia, control y rendición de cuentas en el manejo de recursos públicos.
La comisión precisó que la fiscalización se enfocó en la estructura y ejecución del proceso de adquisición y no en la necesidad de modernizar el sistema de movilidad urbana en Quito.
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