Delegados de la comunidad indígena Sarayaku informarán el próximo jueves, 15 de junio de 2026, en una audiencia de supervisión ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), sobre el incumplimiento del Estado ecuatoriano a la sentencia que reconoció, entre otros aspectos, el derecho de la consulta previa libre e informada a los pueblos originarios frente a proyectos de inversión y extractivos en sus territorios.
Más noticias
Contexto histórico del caso Sarayaku
Daniel Santi, presidente de Sarayaku, recordó este lunes en una rueda de prensa que en 1996 el Estado “concesionó un bloque petrolero en territorio de Sarayaku y toda esta concesión ha tenido violaciones de derechos, más que todo, la consulta previa libre e informada”.
Después de agotar las instancias nacionales, Sarayaku presentó una demanda ante la Corte IDH y tras más de una década de litigio, en 2012, logró una sentencia a favor del pueblo quichua de Sarayaku.
Incumplimiento estatal y consecuencias
“Han pasado ya 14 años y el Estado no ha tenido la plena voluntad de cumplir al 100 % la sentencia de la Corte Interamericana”, dijo Santi al anotar que están listos para presentar sus alegados en la audiencia que tendrá lugar en San José (Costa Rica).
Betsy Santi, lidereza del pueblo de Sarayacu, anotó que en 2024 la Corte Constitucional de Ecuador reconoció “la violación de los derechos del pueblo Sarayaku de parte del Estado ecuatoriano, pero hasta aquí no ha cumplido lo que ha sentenciado” la Corte Interamericana.
También le puede interesar
Demandas y preocupaciones actuales
Señaló que en territorio Sarayaku se han dejado enterrados “más de media tonelada de explosivos”, pidió que se cumpla la sentencia y que “no haya más expansión petrolera dentro del territorio de los pueblos y nacionalidades” indígenas.
Luis Canelos, presidente de la nacionalidad quichua de Pastaza, subrayó que al otorgar permisos a una empresa petrolera privada para realizar actividades en territorio ancestral se puso “en riesgo la vida e integridad” quichua. Anotó que la sentencia señala garantizar la reparación integral por daños causados “y asegurar que ninguna actividad extractiva pueda imponerse sin nuestro consentimiento”.
Situación actual y expectativas futuras
“Al día de hoy vemos cómo el Estado ecuatoriano continúa manteniendo estas prácticas, incumpliendo la decisión internacional en el caso Sarayaku mientras acelera una nueva expansión extractiva mediante las rondas petroleras Sur-oriente y Sub-andina”, afirmó Canelos.
Mario Melo, abogado del caso Sarayacu, apuntó que la sentencia es “muy importante para los pueblos indígenas” y determinó la obligación del Estado ecuatoriano de retirar “1 460 kilogramos de pentolita”, es decir más de una tonelada y media sembrada en 461 puntos dentro del territorio” de Sarayaku.
“Estamos conscientes de que la Corte Interamericana es uno de los últimos espacios que le queda a la democracia para ser voz de las víctimas cuyos derechos han sido violentados”, comentó Melo. El letrado expresó su esperanza: “que el Estado comparezca ante la Corte Interamericana y rinda cuentas sobre por qué no ha cumplido esa sentencia”.
Con información de EFE
- Información extra: Sarayaku