La democracia parece sufrir una suerte de entropía política que consiste en la desmaterialización de sus principios fundamentales que la tradición liberal occidental ha fijado en tres: rendición de cuentas, separación de poderes y libertad de expresión. Sin ellos la democracia se diluye.
No hay rendición de cuentas si las autoridades mienten, callan o se amparan en el secreto de Estado. Si la Asamblea Nacional solo fiscaliza a los adversarios del gobierno, si las autoridades de control son nombradas por los que deben ser controlados, y los elegidos hacen gala de sumisión; ha desaparecido el derecho ciudadano a tomar cuentas.
No hay separación de poderes si el poder legislativo y el poder judicial son domesticados y se vuelven serviles al ejecutivo. Si el gobierno maniobra para designar en otras funciones, personas de su agrado o impide la posesión de autoridades independientes; el Ejecutivo se convierte en autoridad única.
No hay libertad de expresión si el gobierno controla a la mayoría de los medios de comunicación y presiona a los que no controla. Si la información oficial es mentirosa, opaca, reservada, si el poder tiene medios y periodistas favoritos que no representan a los ciudadanos sino al poder; no se cumplen los parámetros internacionales.
Cuando el poder incumple estos parámetros fundamentales y los organismos de control se convierten en encubridores, los líderes de los gremios callan, la academia se aleja de la política, las élites creen que son asuntos secundarios y la sociedad se muestra indiferente o temerosa; entonces ha empezado a operar el autoritarismo democrático.
Los países que eligen gobiernos democráticos y dejan pasar caprichos, pequeños abusos, violaciones de la ley, terminan, sin apenas darse cuenta, con gobiernos autoritarios. Muchas veces la degradación de la democracia es obra de adulones que desconectan a los líderes de sus mandantes. Vigilar la calidad de la democracia es tarea de todos, incluso del gobierno.