10 años después del terremoto de Manabí, Ecuador sigue mirando las consecuencias de una tragedia que no logró transformar en prevención. El sismo del 16 de abril de 2016 dejó 673 fallecidos, miles de heridos y ciudades devastadas, pero también dejó una pregunta que sigue vigente: ¿qué cambió realmente desde entonces?
El país respondió a la emergencia, movilizó recursos y reconstruyó parte de la infraestructura. Sin embargo, la lógica de acción se mantuvo intacta. Ecuador sigue reaccionando frente a los desastres, pero no logra anticiparlos. Esa diferencia define el nivel de riesgo al que permanece expuesto. Parte de esas vulnerabilidades, la debilidad de las instituciones, muchas de esas involucradas en escándalos de corrupción.
En el plano urbano, las secuelas no solo se ven en edificaciones que desaparecieron, sino en los vacíos que quedaron en ciudades como Portoviejo. Espacios que no se reactivaron, economías locales que no se recuperaron y dinámicas que no volvieron a ser las mismas.
La reconstrucción no avanzó al mismo ritmo para todos.
A esto se suma un problema estructural que persiste: el crecimiento desordenado de las ciudades. La falta de control sobre el uso del suelo y la expansión sin planificación mantienen condiciones de vulnerabilidad. Las normas existen, pero su aplicación sigue siendo irregular.
El ámbito técnico ofrece otra lectura. Las fallas estructurales que provocaron el colapso de edificaciones no respondieron únicamente a la fuerza del sismo, sino a errores acumulados en diseño, materiales y construcción. Columnas débiles, plantas bajas sin soporte adecuado y deficiencias en la calidad de obra explican parte de la destrucción.
La normativa sísmica se fortaleció después del terremoto, pero su aplicación no es uniforme. La autoconstrucción, la falta de fiscalización y la limitada supervisión técnica mantienen una brecha entre lo que establece la ley y lo que ocurre en la práctica. La existencia de reglas no garantiza seguridad si no se cumplen.
Desde la perspectiva geológica, el terremoto confirmó que Ecuador se encuentra en una zona de alta actividad sísmica, donde la acumulación de energía en las placas tectónicas forma parte de un ciclo permanente. No se trata de un evento excepcional, sino de una condición estructural del territorio.
A esto se suma un factor determinante: el tipo de suelo. Las diferencias en los niveles de destrucción evidenciaron que el impacto de un sismo no es uniforme. Suelos blandos pueden amplificar las aceleraciones sísmicas y generar daños más severos, incluso en zonas alejadas del epicentro.
El impacto económico también dejó huellas profundas. Las pérdidas del terremoto de Manabí superaron los 3 300 millones de dólares, afectaron sectores productivos y provocaron la pérdida de miles de empleos. Las medidas adoptadas permitieron responder a la emergencia, pero no construyeron una base sostenida para reducir la vulnerabilidad futura.
10 años después, el país no enfrenta solo el recuerdo del terremoto, sino la evidencia de que muchas de sus lecciones no se aplicaron de forma integral. Mientras la prevención no se convierta en una política sostenida, cada evento natural seguirá encontrando las mismas debilidades. La diferencia no estará en la magnitud del sismo, sino en la capacidad del Estado para estar preparado antes de que ocurra.