La Corte Suprema de Brasil pidió este miércoles, 29 de octubre de 2025, explicaciones al gobernador del estado de Río de Janeiro, Cláudio Castro, por el megaoperativo policial lanzado en la víspera contra el Comando Vermelho, que dejo más de un centenar de muertos.
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La decisión judicial, firmada por el magistrado Alexandre de Moraes, fija una audiencia para el próximo 3 de noviembre, en la que Castro deberá presentar un informe completo sobre la operación, el número exacto de víctimas y heridos, y las medidas adoptadas para asistir a los afectados.
El Supremo también demandó conocer si las fuerzas de seguridad actuaron conforme a las normas impuestas para prevenir violaciones de derechos humanos, según informó EFE.
El requerimiento se enmarca en una sentencia previa del máximo tribunal que estableció nuevas reglas para la realización de operaciones policiales en las comunidades de Río de Janeiro, donde se han denunciado reiterados abusos de fuerza.
Con esta medida, el Supremo pretende supervisar si el Gobierno estatal respetó las determinaciones judiciales y cumplió con los protocolos de derechos humanos que limitan las incursiones armadas en zonas densamente pobladas.
Defensoría Pública de Río reportó 132 fallecidos
La cifra de muertos continúa siendo incierta. La Defensoría Pública de Río reportó 132 fallecidos, mientras que el Gobierno regional ha confirmado oficialmente 119.
Entre las víctimas figuran cuatro agentes de policía, a quienes el gobernador Castro calificó como “las únicas bajas” del operativo, al que definió como un “éxito”. Sin embargo, organizaciones civiles y defensores de derechos humanos cuestionan la magnitud de la violencia empleada durante la redada.
El ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, también expresó preocupación por la legalidad de la intervención y afirmó que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva se mostró “aterrado” por el elevado número de muertes y “sorprendido” ante la falta de aviso previo sobre la acción policial.
El caso genera un amplio debate en Brasil sobre los límites del uso de la fuerza y la rendición de cuentas de las autoridades locales.
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Con información de EFE