Si se privatiza aumentará la tarifa de los servicios públicos
El Decreto a través del cual se suprime al Ministerio del Ambiente y del Agua, cuya inconstitucionalidad será con seguridad resuelta por la Corte Constitucional, envía un claro mensaje de descarte de lo público por el interés privado, desentendiéndose del interés social, y propiciando, en sectores estratégicos, el afán de lucro. En los últimos tres gobiernos (Moreno, Lasso, Noboa), la visión y acciones privatizadoras han apuntado a varios sectores, como en este caso la minería. Estos gobiernos están inaugurando e intentando consolidar un estado privatizador. Primero fueron los seguros generales: la intervención, sin vuelta atrás, de Seguros Sucre, con un perjuicio -beneficio privado- de alrededor de 772 millones de dólares en primas anuales que iban a una empresa pública y ahora a las privadas, es un ejemplo. El afán de vender al Banco del Pacífico, en lugar de entregárselo al IESS como parte de pago de la deuda de más de 25 mil millones de dólares, muestra el desinterés por hacernos accionistas a todos los ecuatorianos. Igual pasa con CNT o la electricidad del Ecuador, que lo único que lograrían, de ser entregados a la inversión privada nacional o extranjera, como ocurrió insólitamente con Argentina, donde el gobierno debió entregar hasta 15 mil millones para evitarlo, es que los privados concesionarios o administradores sigan elevando las tarifas. Al adscribirse el Ministerio del Ambiente y del Agua al de Energía y Minas, lo que ocurrirá es que pondremos, no solo a nuestra riqueza florística y faunística en peligro, sino que nos expondremos a que el líquido vital, cuyas aguas minerales ya no son ecuatorianas, sino que pasaron a manos de inversionistas extranjeros, pueda llegar a ser manejado por empresas privadas. Esto ocurre en Chile, dónde, por un lado, el agua no pertenece al Estado, porque en algún gobierno los intereses privados lograron imponerse, y, por otra parte, los minerales si son explotados por el Estado (es decir todos, y no una minoría), habiéndose convertido en la mayor empresa productora-exportadora de cobre del mundo. Queremos que le vaya bien al gobierno. Esta decisión, que violenta todos los derechos de la naturaleza, así como el de las comunidades y su derecho a ser informadas, será declarada inconstitucional. ¿Cuál es la salida para el gobierno?: aprender a manejar la institucionalidad pública, entender que el daño a la cosa pública lo causan los patéticos funcionarios de libre remoción, que deberían ser desterrados -con honrosas excepciones-del servicio público, y que los servidores públicos, ahora con riesgo de ser despedidos, que son los que han guardado desde siempre los intereses nacionales y conocen los procesos de contratación, etc., pueden ser liderados, con procesos transparentes, no discrecionales, sin abusos de poder. ¿Qué dice la UNESCO, que tiene puesto sus ojos en Ecuador y su megadiversidad? ¿Qué aconsejan los ex candidatos presidenciales? ¿Por qué no se incluyó, en su lugar, para la Consulta Popular, una pregunta para que Ecuador finalmente pueda participar en el mercado de Carbono y así distribuir los ingresos por pago de servicios ecosistémicos a los dueños de tierras, entre aquellos, a las comunidades indígenas? (¿Juan Diego Valdivieso Rowland)? ¿O para que todos los recursos del subsuelo ecuatoriano pertenezcan a las comunidades que sobre ellos se asientan (Manuel Pallares, 2025), consiguiendo además que así se defiendan esas tierras contra la minería ilegal?
Diego Fabián Valdivieso Anda
10 de agosto de 1809: Cuando el pueblo dijo basta
Este 10 de agosto, el Ecuador entero se viste de historia para recordar aquel amanecer en que un grupo de patriotas quiteños decidió escribir el primer capítulo de nuestra independencia. Lo hicieron no con armas, sino con ideas, con la firme convicción de que la dignidad no se negocia y que la libertad es un derecho que se conquista. En una época marcada por el silencio impuesto por la Corona española, Juan Pío Montúfar, junto a otros valientes criollos, alzó la voz en nombre de un pueblo cansado del sometimiento. Así nació la Junta Soberana de Quito, un gobierno autónomo que, por breve que fuera, encendió una chispa que no se apagaría jamás. Fue un acto de osadía, de conciencia política y de profundo amor por la tierra. Las campanas de las iglesias y las salvas desde El Panecillo, no fueron solo gestos simbólicos; fueron el eco de una ciudadanía que comprendía que el tiempo de obedecer ciegamente había terminado. Por supuesto, la historia nos recuerda que la respuesta del poder colonial fue brutal. La Masacre del 2 de agosto de 1810, donde los próceres fueron asesinados, incluso estando presos, manchó de sangre la causa libertaria. Pero ni las balas ni el encierro lograron sofocar el clamor que había nacido en las calles de Quito.
Hoy, más de dos siglos después, aquel Primer Grito, sigue resonando en nuestra memoria colectiva. No solo como un hito histórico, sino como un recordatorio permanente de que la libertad no es un regalo, es una conquista constante. En tiempos en los que la democracia se enfrenta a nuevos desafíos, y cuando la justicia y la verdad siguen siendo exigencias pendientes, el legado de 1809 nos interpela. ¿Estamos siendo fieles al espíritu de quienes soñaron con una patria libre y justa? ¿Honramos con nuestras acciones diarias el sacrificio de los que murieron por vernos de pie?
El 10 de agosto, no debe quedarse solo en desfiles y actos cívicos. Es una fecha para reflexionar sobre el país que tenemos y el que aún podemos construir. Porque ser libres no es solo no tener cadenas: es vivir con dignidad, con igualdad y con responsabilidad ciudadana. Que el ejemplo de Quito, la Luz de América, nos inspire, hoy más que nunca, a encender nuestras propias antorchas de cambio.
Y el tiempo sigue su marcha..!
Elio Roberto Ortega Icaza