La democracia se cimienta sobre pilares fundamentales que garantizan su supervivencia. Entre ellos, la fiscalización de los poderes del Estado emerge como un elemento insustituible. No se trata de un simple adorno institucional, sino de la médula espinal que asegura la transparencia, la rendición de cuentas y, en última instancia, la legitimidad de un sistema político que se precie de ser democrático. Cuando la fiscalización flaquea, cuando los contrapesos se debilitan o se anulan, la democracia se desdibuja, abriendo paso a la autocracia, la corrupción y la imposición.
La historia nos ha enseñado que la concentración de poder es intrínsecamente peligrosa. Desde los tiempos de la antigua Grecia hasta las Revoluciones Modernas, la preocupación por limitar el arbitrio y prevenir la tiranía ha sido una constante.
La esencia de su propuesta no radica solo en la separación formal, sino en la necesidad de que cada poder sea capaz de frenar y equilibrar a los otros, impidiendo así la acumulación de un poder absoluto.
Estos contrapesos no son meros mecanismos burocráticos; son la garantía de que el poder político, propenso por su propia naturaleza al abuso, se mantenga dentro de los límites establecidos por la Constitución y las leyes.
El funcionamiento efectivo de los contrapesos se manifiesta en una serie de dinámicas interinstitucionales y sociales que, al interactuar, fortalecen la estructura democrática. Así, el Poder Legislativo es el corazón de la fiscalización. Su función principal no se limita a la creación de leyes, sino que se extiende al control del Poder Ejecutivo.
La efectividad de estos mecanismos depende, en gran medida, de la autonomía e independencia de los legisladores. Cuando el parlamento se convierte en una simple oficina de refrendación de las decisiones del ejecutivo, los contrapesos se desvanecen y la democracia se ve comprometida.
Hace pocos días, la Asamblea Nacional decidió por mayoría no fiscalizar un contrato suscrito por el Estado con una empresa extranjera, pese a los indicios de incumplimientos en la relación contractual. La necesidad de iniciar un proceso cuyas investigaciones no pueden tener otro fin que el descubrimiento de la verdad, cuál sea, es potestad del Poder Legislativo. No acatar sus funciones innatas no solamente es un incumplimiento de lo dispuesto en la Constitución de la República, sino un claro desinterés por conocer los hechos y determinar las responsabilidades, de haberlas. La imagen de la Asamblea ha quedado ensombrecida.
Lo sucedido puede ser el resultado de la horadación de las ideologías en la política ecuatoriana, de la que hemos sido testigos en las últimas décadas.
La nueva ola de una política salpicada por la corrupción y por los intereses económicos, la búsqueda del poder por el poder y la primacía de los intereses particulares sobre el bien común han erosionado la credibilidad de los partidos políticos y han vaciado de contenido el debate ideológico.
En este escenario, ha surgido una figura peligrosa: el mal llamado “pragmatismo“, que no es más que la justificación para la flexibilidad ideológica, la renuncia a los principios y la búsqueda de alianzas coyunturales a costa de desmembrar los partidos políticos. Se presenta como una virtud necesaria para “destrabar” la política y lograr acuerdos, pero en la práctica sirve para dar curso a negociaciones oscuras, pactos de cúpulas y transacciones que benefician a unos pocos en detrimento de la ciudadanía.
El destierro del mal llamado “pragmatismo” implica rechazar la idea de que cualquier acuerdo es bueno si permite acceder al poder. Implica, por el contrario, valorar la integridad, la lealtad a los principios y la búsqueda del bien común por encima de las conveniencias coyunturales. La política debe recuperar su vocación de servicio y su capacidad para transformar la sociedad, y para ello necesita brújulas ideológicas que la guíen.