El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en Ecuador se pronunció sobre la decisión de la Asamblea Nacional, la noche de este martes 24 de junio de 2025, de aprobar la Ley de Integridad Pública. La norma incluye reformas al juzgamiento de menores de edad que cometan delitos.
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Unicef se mostró preocupada tras la aprobación de la Ley de Integridad Pública
La agencia de la ONU dijo estar “preocupada” por esta decisión de la Asamblea y calificó a las normas como “reformas regresivas al sistema de justicia penal juvenil que afectan gravemente a los adolescentes”.
Unicef justificó su crítica al afirmar que “este tipo de medidas no han demostrado ser efectivas para combatir la inseguridad“.
El organismo advirtió que la decisión, incluso, “podría empeorar la situación del sistema penitenciario y afectar la posibilidad de reintegración para los adolescentes”, manifestó.
La Unicef en Ecuador finalizó su mensaje con un llamado a las autoridades a “garantizar de manera efectiva los derechos de los niños y adolescentes”.
🔴 Pronunciamiento oficial. pic.twitter.com/17tuFiIyxI
— UNICEF Ecuador (@unicefecuador) June 25, 2025
Menores de edad podrán ser juzgados como adultos
El Pleno de la Asamblea aprobó este martes el proyecto de Ley de Integridad Pública, con el informe para el segundo debate presentado por la Comisión de Desarrollo Económico.
El presidente Daniel Noboa presentó esta iniciativa legal como urgente en materia económica. El proyecto reforma 20 leyes, incluyendo la normativa sobre contratación pública.
Entre estos están: el juzgamiento de menores de edad que cometan delitos graves como adultos, la lucha contra la corrupción en la contratación pública.
Este último punto establece penas de hasta 15 años de privación de libertad para menores de edad que cometan delitos de gravedad relacionados con el crimen organizado.
Asamblea aprobó la Ley de Integridad Pública
En el informe para segundo debate también se incluyó la expulsión inmediata a los países de origen de los presos extranjeros.
La moción incluye que el extranjero expulsado no pueda retornar en un plazo de 40 años.
Con esto se busca liberar ese gasto que hace el Estado en su cuidado.
La ley fue aprobada con 84 votos a favor de un total de 151 asambleístas, frente a 62 votos en contra y 2 abstenciones.
Esta es la segunda ley de este tipo, después de la Ley de Solidaridad Nacional contra la economía criminal.
A continuación los nuevos textos que se incluyó al proyecto: