En el marco del caso Purga, la Fiscalía General del Estado presentó una serie de elementos probatorios que exponen el presunto manejo irregular de la justicia en la Corte Provincial de Guayas. La investigación revela la existencia de una estructura delictiva que habría operado en la administración de justicia, favoreciendo intereses particulares a cambio de beneficios económicos y materiales.
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Los elementos de prueba incluyen registros de conversaciones, testimonios de implicados y evidencias documentales sobre la manipulación de fallos judiciales.
Asimismo, se señala el uso de redes de influencias para alterar procesos judiciales y administrativos en favor de ciertos grupos. La Fiscalía sostiene que esta estructura operaba de manera organizada y con una jerarquía bien definida dentro del sistema judicial.
El exasambleísta Pablo Muentes, la expresidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, Fabiola Gallardo, y el exjuez Johann Marfetán fueron condenados a 13 años y cuatro meses de prisión. Esta sentencia se dictó por el delito de delincuencia organizada.
#ATENCIÓN | #CasoPurga: el exasambleísta Pablo M., la expresidenta de la Corte de #Guayas, Fabiola G., y 8 personas más son sentenciados por #DelincuenciaOrganizada.
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El fallo fue emitido por un tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) el pasado 3 de marzo de 2025.
Vínculos de poder en la justicia que investigó la Fiscalía en el caso Purga
Las investigaciones detallan que Pablo M., exasambleísta por Guayas, mantenía estrechos vínculos con jueces provinciales, entre ellos Fabiola G. y Johann M. Según la Fiscalía, este nexo permitió la designación de Fabiola G. como presidenta de la Corte Provincial de Justicia en 2022.
En el proceso, también se menciona a Mercedes V. y Mayra S., quienes habrían participado en la consolidación del grupo que tomó el control de decisiones judiciales y administrativas.
#ATENCIÓN | #CasoPurga: durante la audiencia de juicio, #FiscalíaEc practicó –contra los procesados por #DelincuenciaOrganizada– las pruebas que demuestran su responsabilidad en el delito imputado.
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Esta estructura permitió la designación de jueces que favorecieran los intereses de los involucrados, facilitando decisiones que beneficiaban a terceros a cambio de retribuciones.
Manipulación de procesos judiciales
Uno de los casos más relevantes dentro del expediente es la acción de habeas data interpuesta por Pablo M. contra el Banco del Pacífico. Según la Fiscalía, esta acción se sustentó en notas de crédito adulteradas y fue favorecida por el juez Reinaldo C. C., quien posteriormente fue ascendido a juez provincial de Guayas.
En otro evento, la jueza Andrea P. habría anulado de forma irregular una ficha registral de terrenos valorados en 200 000 dólares, permitiendo su apropiación por Fausto A. G., primo de Pablo M.
Según la Fiscalía, la eliminación de información catastral se realizó sin justificaciones legales.
Estrategias de influencia y control
La investigación también señala el uso de estrategias para influir en la opinión pública y garantizar la permanencia de la estructura delictiva en el tiempo. Se habría implementado un sistema de “troll centers” para desacreditar a opositores y manipular la percepción sobre los fallos judiciales.
Asimismo, la Fiscalía presentó pruebas sobre la gestión de la campaña de Hugo G. para la presidencia de la Corte Provincial de Justicia, con el objetivo de mantener el control sobre la administración judicial. Se habría promovido la implementación de sistemas biométricos como parte de la estrategia de consolidación de poder.
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Finalmente, la carga probatoria incluye registros de reuniones en las que se discutía la manipulación de sorteos judiciales, el cierre de sumarios administrativos y la asignación de jueces en procesos clave. La Fiscalía señala que estos hechos evidencian un esquema sistemático de corrupción dentro de la justicia en Guayas.
Conclusiones de la Fiscalía y penas solicitadas
En la fase final del juicio, la Fiscalía General del Estado presentó el alegato de cierre, destacando la capacidad de los procesados para influir en el sistema judicial. Se detalló que Reinaldo C. C., Henry R. T., Nelson M. P., Ramos A. T., Fausto A. G., Ruth C. S. P., Saúl A. M. Z., Guillermo P. V., Juan J. R. y Andrea M. P. habrían colaborado con la estructura delictiva para alterar fallos en favor de sus intereses.
Las pruebas incluyeron testimonios, pericias informáticas y registros de comunicaciones entre los procesados. Se reveló la contratación de Mayra S. en la Corte Provincial de Justicia, así como su participación en la manipulación de sorteos judiciales. Se presentaron audios de conversaciones en los que se discutían estrategias para evadir investigaciones y mantener el control sobre la justicia.
Como resultado, la Fiscalía solicitó 13 años y 4 meses de prisión para Pablo M., Fabiola G. y Johann M. Para los demás procesados, se pidieron penas de entre 9 a 7 años, dependiendo de su grado de participación.
#ACTUALIZACIÓN | #CasoPurga: Tribunal sentencia a Pablo M., Fabiola G. y Johan M. a 13 años y 4 meses de prisión, en calidad de líderes de la estructura de #DelincuenciaOrganizada, considerando una circunstancia agravante del caso. pic.twitter.com/GjMNzdAMCB
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También se incluyó la solicitud de reparación económica para las entidades afectadas y la inhabilitación de los implicados para ejercer funciones públicas.
El fiscal Wilson Toainga destacó que este caso representa un precedente en la lucha contra la corrupción judicial. Subrayó la importancia de erradicar las prácticas que afectan la independencia del sistema de justicia y consolidar un poder judicial ético y transparente.