La pandemia de la covid-19 puso a prueba lacapacidad del país para salvar su economía y los grandes problemas sociales. Luego de 3 años, la pobreza de una gran mayoría de la población no disminuye y las desigualdades sociales se han convertido en parte de los problemas con los que la sociedad convive. Los grupos sociales no han demostrado la capacidad de reacción ni de propuesta para exigir la atención del gobierno hacia un proceso de recuperación económica y para la reducción de las inequidades.
En más de 2 años, el gobierno no ha construido un proyecto con objetivos de beneficio para el país, y no demuestra el liderazgo que convoque a las fuerzas políticas para un pacto social por el Ecuador. Como resultado, en lo inmediato se avizora una situación muy difícil, debido al cúmulo de necesidades importantes que se deben atender, en una grave situación de falta de recursos.
En la economía, como es ya proverbial, la preocupación del gobierno no se aparta del déficit fiscal y su financiamiento, como que la economía se reduce a cuadrar los números, al margen de lo que sucede en la realidad. Mientras, se acerca el fenómeno del Niño con sus amenazas de causar desastres de altos costos humanos y económicos.Sin embargo, no se ha preparado una urgente estrategia de manejo de desastres que enfrente esa situación que agravará las escuálidas finanzas estatales. Es más, pronto se deslindará el gobierno de esa responsabilidad, transfiriéndola a los gobiernos locales, que no son los organismos que tengan esas competencias ni disponen de los recursos suficientes.
Se requieren también recursos para cubrir el pago de las pensiones de los jubilados, mientras el IESS no recibe los recursos que adeudan el gobierno y los empleadores, por mora patronal, y no se asume el problema de un enorme desfinanciamiento que pone en peligro al sistema de seguridad social.
La deuda externa, que en el próximo año se comenzará a cubrir los intereses, la provisión de equipos e insumos para los hospitales, las asignaciones para las universidades y las unidades educativas, en fin, la inversión pública necesaria para el funcionamiento del aparato productivo y de servicios exigen recursos que el Estado no dispone en tu totalidad.
Frente a esta grave situación fiscal el gobierno no define prioridades, no imprime racionalidad en la aplicación del gasto público ni emprende una acción firme para recuperar fondos que le corresponden: la deuda de las empresas que incumplen con el impuesto a la renta, enfrentar la alta evasión tributaria, eliminar los llamados incentivos a empresas sin condicionarlos al cumplimiento de objetivos o resultados concertados. Se deben también eliminar totalmente los gastos sin ningún beneficio para el país, tal el caso de contratos para información de las actividades del gobierno pordiferentes medios, en una época cercana al fin del mandato y, por lo tanto, inútiles.