Así está la administración de justicia. En efecto, una encuesta publicada por Teleamazonas en los últimos días, señalaba que el 90 por ciento de la ciudadanía NO confía en los jueces y tribunales.
Y no es para menos, El Consejo de la Judicatura, CJ, está en profunda crisis. A su presidente y al vocal designado por el Ejecutivo, se les ha retirado la confianza y pedido renunciar a sus cargos. Con una novedosa aritmética en la que 2 son mayoría en 5 miembros, adoptan resoluciones de tanta importancia como prorrogar el término de 7 jueces de la Corte Nacional de Justicia hasta 2030, irrespetando la norma constitucional de renovación parcial de sus miembros. Remueve a un juez del mismo tribunal a cargo del juzgamiento de miembros del CJ acusados de tráfico de influencias. Su presidente recorre el país dando discursos propios de un candidato a junta parroquial, convoca a reuniones en horas de la madrugada o la noche y presenta ante un subalterno una acción de protección contra el ministro de Finanzas reclamando recursos adicionales.
Los jueces de primer nivel, de las cortes provinciales y de la propia Corte Nacional, son objeto de burlas frecuente por acusados que en más de una ocasión en el mismo proceso logran diferir las audiencias porque han cambiado de abogado, su defensor está agripado, o cualquier otro subterfugio para dilatar las causas penales que promueve la Fiscalía en su lucha contra la corrupción, sin que los “hábiles” abogados reciban sanción alguna por su comportamiento de mala fe en el manejo de las causas. Y hay jueces de algunas provincias de la Costa, que conceden la libertad a reos de alto nivel que no terminan de cumplir su pena de prisión, ni han reintegrado los valores dispuestos en la propia sentencia.
Es clarísimo que una sociedad no puede desarrollarse si no existe una administración de justicia capaz, honesta y eficiente, para lo cual el Consejo de la Judicatura debe estar al margen de toda sospecha de venalidad y politización. Mientras no se logre un gran acuerdo nacional para rescatar la justicia y aplicar mano dura a jueces y abogados que se venden al mejor postor, será imposible superar la dura realidad ecuatoriana.
Francisco Rosales Ramos.
Así está la administración de justicia. En efecto, una encuesta publicada por Teleamazonas en los últimos días, señalaba que el 90 por ciento de la ciudadanía NO confía en los jueces y tribunales.
Y no es para menos, El Consejo de la Judicatura, CJ, está en profunda crisis. A su presidente y al vocal designado por el Ejecutivo, se les ha retirado la confianza y pedido renunciar a sus cargos. Con una novedosa aritmética en la que 2 son mayoría en 5 miembros, adoptan resoluciones de tanta importancia como prorrogar el término de 7 jueces de la Corte Nacional de Justicia hasta 2030, irrespetando la norma constitucional de renovación parcial de sus miembros. Remueve a un juez del mismo tribunal a cargo del juzgamiento de miembros del CJ acusados de tráfico de influencias. Su presidente recorre el país dando discursos propios de un candidato a junta parroquial, convoca a reuniones en horas de la madrugada o la noche y presenta ante un subalterno una acción de protección contra el ministro de Finanzas reclamando recursos adicionales.
Los jueces de primer nivel, de las cortes provinciales y de la propia Corte Nacional, son objeto de burlas frecuente por acusados que en más de una ocasión en el mismo proceso logran diferir las audiencias porque han cambiado de abogado, su defensor está agripado, o cualquier otro subterfugio para dilatar las causas penales que promueve la Fiscalía en su lucha contra la corrupción, sin que los “hábiles” abogados reciban sanción alguna por su comportamiento de mala fe en el manejo de las causas. Y hay jueces de algunas provincias de la Costa, que conceden la libertad a reos de alto nivel que no terminan de cumplir su pena de prisión, ni han reintegrado los valores dispuestos en la propia sentencia.
Es clarísimo que una sociedad no puede desarrollarse si no existe una administración de justicia capaz, honesta y eficiente, para lo cual el Consejo de la Judicatura debe estar al margen de toda sospecha de venalidad y politización. Mientras no se logre un gran acuerdo nacional para rescatar la justicia y aplicar mano dura a jueces y abogados que se venden al mejor postor, será imposible superar la dura realidad ecuatoriana.