Hace 22 años el Congreso Nacional aprobó el Proyecto de Ley de la Seguridad Social orientado a fortalecer el futuro institucional que ya presentaba síntomas de desfinanciación, aunque todavía no había recibido los tremendos ataques de la suspensión del pago del 40% del Estado, de la creación de obligaciones no financiadas, de la utilización de los fondos de un seguro en otro; por lo que en esa ley se incluyeron medidas duras, consensuadas con varios de los involucrados en el sistema. Algunos distinguidos personajes se opusieron tenazmente a la promulgación de esta Ley, que fue publicada en el registro oficial No. 465 del 10 de noviembre del 2001, pues estaban empecinados en suspender el componente solidario del seguro y reemplazarlo por el de ahorro de fondos individuales en las futuras ACAPs, equivalentes a las AFPs ( Administradoras de Fondos Previsionales) chilenas, cuyo ejemplo les había obsesionado. Felizmente el fracaso de las AFPs, fue el estímulo que cambió el modo de pensar de estos profesionales que, en un serio trabajo de seis meses, dentro de la Comisión Especial creada por el Presidente Lasso, llegaron a conclusiones similares a las que presentó el Congreso Nacional en el 2021, en lo atinente a la creación del seguro mixto con aportes para el reparto solidario y para el ahorro en cuentas individuales, a la edad de jubilación y a la forma de cálculo de la pensión. Lamentablemente dos de los artículos fundamentales fueron declarados inconstitucionales y la Ley quedó como simple papel que no tuvo el seguimiento que habría permitido a los legisladores de los congresos posteriores no dejarla incompleta, llena de vacíos y retaceada con reformas emitidas por los consejos directivos.
El trabajo de la Comisión Gubernamental ha sido valioso y si los antiguos detractores de la Ley hoy son sus promotores, es obligación de los trabajadores y de los líderes sociales también evolucionar y contribuir al mejoramiento del marco legal que permita concluir con la crisis del IESS.